Page planta batalla: la pasividad del Gobierno es inasumible para Castilla‑La Mancha

La política no admite ambigüedades cuando están en juego recursos hídricos y la palabra dada en el Boletín Oficial. El presidente de Castilla‑La Mancha, Emiliano García‑Page, ha confirmado la admisión a trámite del recurso contencioso administrativo de su Comunidad contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo‑Segura. No es una queja menor: es la hoja de ruta jurídica que la región abre frente a una Administración que, según sus propias palabras, acumula sentencias ganadas que no se ejecutan.

“Es tristísimo ganar sentencias y sentencias y tener que seguir yendo los tribunales para que se cumplan”, dijo Page en Toledo. No hay metáfora: hay tribunales, resoluciones y, de momento, incumplimiento. Frente a esa realidad, el presidente castellano‑manchego ha calificado de “absolutamente inasumible la inactividad del Gobierno”. Esa descripción no es retórica; pretende ser un espejo que obligue a retratarse a quien gobierna y, por tanto, a cumplir lo aprobado y vigente en materia de planes hidrológicos.

Hay un gesto político que merece subrayarse: Page no evade la contradicción de un presidente regional del PSOE que recurre al Gobierno del mismo signo. Lo explicita con crudeza: “hay que retratarse y ser sinceros”. Y no es un reclamo partidista sino una defensa de intereses territoriales: “Estamos para defender los intereses de la tierra, esté quien esté en el Gobierno”, afirmó. Es la piedra de toque: la lealtad institucional concluye donde comienza la defensa de recursos y comunidades.

La queja adquiere el tono de una herida cuando Page afirma que le “duele especialmente” el incumplimiento de la palabra pública y reglamentaria, la que figura en el BOE y que le fue prometida por responsables públicos. Su diagnóstico es implacable: la gestión hidráulica en España está lejos de estar a la altura del país y esa deficiencia se replica cuenca a cuenca. Castilla‑La Mancha, señaló, convive con siete cuencas hidrográficas, una circunstancia que multiplica la exigencia de rigor y justicia en la gestión del agua.

El paso dado —la admisión a trámite del recurso— no es un capricho procesal sino la consecuencia lógica de la acumulación de sentencias y la percepción, expresada públicamente por su presidente, de que la administración central no ha dado respuesta suficiente. Es la voz de una tierra que interpela al Gobierno: o cumple lo aprobado y lo sentenciado, o la defensa de sus intereses seguirá exigiendo respuestas en los tribunales. Y en eso no caben ambages ni dulces eufemismos: la gestión del agua reclama eficacia, responsabilidad y cumplimiento efectivo.