No se puede normalizar el acoso: la denuncia de Begoña Gómez contra Vito Quiles

Ha ocurrido en un lugar corriente, cotidiano: una cafetería. Y sin embargo, lo corriente adquiere gravedad cuando lo que se cruzan son obligaciones cívicas y provocaciones públicas.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, va a presentar una denuncia por agresión contra Vito Quiles tras un altercado que tuvo lugar en un espacio privado en compañía de amigas. Según las fuentes consultadas por EL MUNDO, a la señora Gómez no se le permitía salir del recinto, y en ese momento —afirman— se habría producido la presunta agresión. Es un hecho que, según el mismo diario, no aparece en el corte que el activista ha publicado en sus redes sociales.

¿Por qué esa ausencia en el vídeo? Las fuentes sostienen que Quiles sabe que grabar en un local privado es ilegal, y que por eso el instante clave no está recogido en su edición. El vacío probatorio que deja el metraje obliga a situar la discusión en el terreno de los hechos declarados y de la responsabilidad pública: la versión que exhibe el activista y la versión de quienes acompañaban a la afectada difieren en elementos esenciales.

Lo que sí se ve, y así lo relata la crónica, es el intercambio ya en la calle: mientras Gómez camina y habla por teléfono, Quiles le lanza preguntas de acusación —"¿Usted se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente para hacer chanchullos?", "¿Usted puso una asesora con dinero público para sus negocios personales...?"—. Las personas que la acompañaban intentan apartar al activista, zarandean a Quiles y tratan de impedir que siga grabando; le dicen "Te vas" y "Quita esa mierda". Él incluso llegó a pedir la intervención policial.

Quiles ha definido en sus redes sociales como un "honor" la intención de Gómez de denunciarle por agresión; el PSOE, por su parte, ha denunciado que "el odio que siembra Vito Quiles está financiado por el PP y sus socios de Vox", y ha señalado que "la violencia y el machismo tienen nombre y apellidos". Rebeca Torró, secretaria de Organización del partido, ha declarado que Quiles representa "el odio, la persecución y el hostigamiento a quien piensa diferente" y ha lanzado un mensaje rotundo: "si tocas a una, nos tocas a todas. No nos vas a amedrentar".

Estamos, pues, ante un choque de narrativas que no puede dirimirse fuera del cauce de la ley. Hay una denuncia anunciada por una conducta que, según quienes la acompañaban, consistió en impedir salir a una mujer en un espacio privado y en una agresión en ese contexto; y hay un activista que exhibe un vídeo editado con fragmentos del incidente y lo interpreta como agresión en sentido opuesto.

La cuestión que queda para la investigación es elemental: ¿hubo agresión en el interior del local que justifique la denuncia? ¿Se vulneró la privacidad del espacio al grabar? Lo que no cabe es la complacencia con el acoso ni la normalización de la confrontación pública como sustituto de la verdad probada. Si hay delito, la justicia deberá actuar; si hay extralimitación, también.

Conservar el orden público y el respeto a las personas —sea cual sea su condición— es obligación de todos. Y proteger la integridad física y la dignidad de quienes forman parte del debate público no es una concesión partidista: es un principio elemental de convivencia que no admite atajos ni complacencias.