Mientras el Ejército aguanta con piezas, el 8x8 Dragón tropieza y deja huecos en la defensa

Hay ocasiones en que la patria exige paciencia y otras en que exige responsabilidad. Hoy la exigencia es doble: mantener operativas las unidades y asumir la verdad técnica y política de un programa que no termina de arrancar.

El Boletín Oficial del Estado refleja lo que ya susurraban las unidades del Ejército de Tierra: la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico ha adjudicado dos contratos —por 596.204,83 euros y por 495.867,77 euros— para adquirir recambios de los Blindados Medios sobre Ruedas (BMR). Suma: 1.092.072,60 euros destinados a alargar la vida útil de carros que datan de los años 80 y que llevan tiempo demostrando su vulnerabilidad, incluso ante minas contra carro que han costado vidas por falta de protección inferior.

Era lógico y necesario impulsar el programa 8x8 Dragón para sustituir a esos blindados. Pero la ambición no basta: las primeras 40 unidades que debían entregarse mucho antes solo llegaron en enero, y dos semanas atrás se elevó la cifra hasta 56. Un avance, sin duda, pero no la meta: esos 56 vehículos todavía no son operativos porque pasan por un largo y meticuloso periodo de evaluación operativa.

Y aquí se despliegan las dos patas del retraso: la técnica y la política. En lo técnico, la cadena de montaje ha tenido que corregir la estanqueidad de la caja eléctrica —que se paraba con humedad— y solventar defectos de soldadura en el chasis; además apareció un problema de peso que obligó a recalibrar el conjunto para que la electrónica y la motorización soporten el tonelaje real.

En lo político, el Real Decreto de embargo de armas a Israel introdujo una complicación tangible: componentes clave del vehículo —blindaje (Plasan), radio (Elbyt Systems) y sistema de armamento (el cañón Spyke de Rafael)— tuvieron que ser sustituidos o reevaluados, lo que paralizó entregas y forzó a la industria a buscar proveedores alternativos. La sustitución no es instantánea: exige rediseños, certificaciones y nuevas pruebas.

El resultado es un doble coste para la defensa nacional. Por un lado, la persistencia de los BMR obliga a desembolsos y logística crecientes para mantener plataformas que no responden a los estándares de protección ante amenazas asimétricas. Por otro, la transición al 8x8 se alarga, y con ella la transformación operativa que implica digitalización, integración en redes y nueva doctrina de combate: la pieza nueva no es solo un vehículo, es un cambio de concepto que requiere formación y tiempo.

El Estado y la industria trabajan para resolver ambas vertientes. Indra ha asegurado la previsión de entregas futuras —un centenar a final de año según la empresa— y fuentes aseguran que los problemas con proveedores israelíes están resueltos. Todo ello son señales positivas, pero no anulan la realidad presente: unidades que patrullan zonas de riesgo con blindados veteranos; una factura creciente en recambios; y vehículos nuevos que aún no han demostrado su plena capacidad operativa.

La patria no merece improvisaciones ni medias verdades. Mantener a nuestras Fuerzas Armadas en condiciones de seguridad y eficacia es una obligación ineludible: exige transparencia en los plazos, rigor técnico en la producción y previsión política en la selección de suministros. Mientras tanto —y hasta que el Dragón vuele en condiciones— las piezas compradas para los BMR son una obligación práctica y amarga que conviene encarar sin más demora ni excusas.