Mensajes, silencios y reenvíos: la trama que mira a los altos mandos

La sala ha escuchado a un testigo que reúne varias identidades: sacerdote, ex policía, ex magistrado. Silverio Nieto, amigo de Jorge Fernández Díaz, ejerció de conducto de mensajes que provenían de Francisco Martínez, el también acusado en la causa. No son habladurías de pasillo: el propio testigo reconoció haber reenviado al ex ministro y al comisario Enrique García Castaño las comunicaciones que recibía del secretario de Estado.

En uno de esos mensajes, Martínez advertía que en la Audiencia Nacional le pedían que entregara actas notariales con mensajes que, según él, contenían "instrucciones muy claras y explícitas" sobre operativos policiales. Añadía que hacerlo "necesariamente conllevará la citación de Jorge y probablemente de Rajoy". El sacerdote remitió esa advertencia de inmediato al ex ministro. La respuesta de Fernández Díaz, según relatan los hechos declarados en Sala, fue tajante: "Para nada, yo nunca me he dirigido a Francisco Martínez por correos electrónicos y en ningún caso le he dado instrucciones sobre operativos policiales".

El testigo dibujó también una cercanía concreta: conocía a los dos altos mandos acusados, y particularmente al ex ministro, al que describe como una persona religiosa que asistía a misa diaria, que cambiaba de iglesia por razones de seguridad y que, en ocasiones, acudía a la parroquia donde él presta servicio. Explicó además que Martínez buscaba su contacto porque se sentía "desamparado" y porque, por su condición de religioso, confiaba en encontrar acogida.

El fiscal subrayó lo peculiar: ¿cómo es posible que todo se limite al envío y reenvío de mensajes y no a conversaciones, aclaraciones o decisiones sobre la operación? El testigo mantuvo su versión: no hubo comentarios sobre el contenido más allá del propio tráfico de mensajes. Ese silencio, según la acusación, tiene una rareza que exige respuesta.

En continuidad con la instrucción, compareció Diego Pérez de los Cobos, entonces responsable de la gestión de fondos reservados en la Secretaría de Estado de Seguridad durante el periodo que abarca la operación Kitchen (2013-2015). Su testimonio aporta otra pieza del puzzle: la utilización de fondos reservados para pagar al chófer de Luis Bárcenas, a razón de 2.000 euros al mes, y la entrega de una pistola, según consta en la declaración.

Pérez de los Cobos declaró que en sus siete años en el puesto "nunca" detectó "ninguna irregularidad" y que sus funciones eran de cajero y documentales, sin control último sobre el empleo de esos gastos. Añadió que no recordaba ninguna operación con nombres como Kitchen, Cocinero o Bárcenas, si bien explicó que recibía datos de cientos de operaciones y que, por tanto, alguna pudo no quedar en su memoria.

Frente a estas piezas probatorias, las defensas sostienen la versión de que se trató de una operación legal dirigida a localizar fondos ocultos del ex tesorero del PP. En sentido contrario, Fiscalía, la familia Bárcenas y las acusaciones del PSOE y Podemos destacan que la UDEF, la unidad ya investigadora del caso Gürtel, nunca tuvo constancia de seguimientos al entorno de Bárcenas con esa finalidad, y sostienen que eso apunta a un operativo orientado no a esclarecer, sino a proteger al partido.

Los hechos sobre la mesa son diáfanos en forma: mensajes reenviados, una advertencia sobre actas notariales con supuestas instrucciones operativas, una respuesta de desmentido por parte del ex ministro y la gestión de fondos reservados que sirvieron para pagar al confidente. Lo que resta por dirimir es si esos hilos convergían en una acción legítima de investigación o en una trama paralela al servicio de intereses partidistas. El tribunal y las partes tienen ahora la tarea de convertir ese entramado de reenvíos y silencios en certezas judiciales.