Menos lobos, Aitor: cuando la máscara tapa más que la verdad

Hay fechas que no se olvidan: el 21 de marzo de 2020 marcó el inicio de un encierro colectivo y, con él, oportunidades económicas que terminaron por perfilar una trama. El caso Mascarillas, con un desvío cuantificado en 53 millones de euros, brotó en la semana en que los españoles se recluían por miedo y obediencia.

No son meras conjeturas: a finales de abril José Luis Ábalos firmó la adjudicación del primer contrato —por 20 millones— con Aldama y Soluciones de Gestión. Ya entonces Anticorrupción investigaba a la empresa por otros asuntos. Una semana después, el Gobierno decretó el uso obligatorio de mascarilla en el transporte público y, el 20 de mayo, su uso obligatorio en la vía pública. El encadenamiento cronológico obliga a preguntas, no a sofismas.

No es menos cierto que, durante aquel afluente de meses, responsables sanitarios como Simón e Illa desaconsejaron inicialmente el uso de mascarillas, postura que contrastó con la posterior sucesión de decisiones administrativas. Entre abril y mayo se produjo un movimiento de piezas que convirtió un bien sanitario en un mercado ágil y disputado.

Ábalos y Koldo García comparecen ahora ante el Tribunal Supremo. El hecho de que José Luis Ábalos no vaya a cargar contra Pedro Sánchez en su declaración no exime de examen público sus opciones: el artículo apunta a una pulsión por controlar datos y a un intento de ajusticia privada contra Santos Cerdán. Son movimientos políticos que se entrecruzan con responsabilidades administrativas y con el deterioro de la discreción que requería el operativo al que se refiere la investigación.

El agravio no es sólo económico; hay un agravante moral: la trama obtuvo el primer pelotazo justo cuando la sociedad más necesitaba certidumbres y liderazgo. Mientras tanto, y según la propia crónica, Ábalos celebró más tarde, aquel verano, una fiesta en el parador de Teruel. Son imágenes que chocan con el recuerdo de aquellos días de esfuerzo y privación.

Frente a la estrategia pública de desvío de atención —señalar la supuesta financiación ilegal del PSOE como cortina de humo— cabe exigir claridad. Que la política busque explicaciones, no distracciones; que la justicia avance y que la ciudadanía reciba respuestas nítidas sobre contratos, fechas y responsabilidades. La memoria colectiva no merece máscaras que apaguen la luz sobre lo ocurrido.