Mayoría clara abraza la prioridad nacional entendida por arraigo

La encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO desnuda una verdad elemental: cuando se debate la ‘‘prioridad nacional’’ los ciudadanos no admiten simplismos. El 46% de los españoles está de acuerdo con ese principio siempre que se concrete en criterios objetivos —arraigo real, tiempo de residencia, contrato de trabajo, cotizaciones o vínculos familiares— y no en la procedencia del solicitante.

Es una constatación que obliga a la política a bajar de las alturas del eslogan y a entrar en la tierra firme de los hechos verificables. El Partido Popular ha impuesto una lectura del concepto basada en el arraigo —insisten en que cabe dentro del marco constitucional y no discrimina por origen— y esa interpretación es la que mayoritariamente aceptan los encuestados. El 76% de los votantes del PP lo respalda; Vox lo hace en un contundente 87%.

Pero tampoco cabe caricaturizar al resto del país. Entre los votantes socialistas un 22,3% lo defiende con claridad, mientras que un 21% lo apoya «poco» y un 42,6% lo rechaza. En Sumar el apoyo claro es menor: 15,2% lo respalda, 19,6% lo apoya «poco» y 57,6% lo rechaza. Estos números revelan que el debate atraviesa segmentos transversales del electorado y no es monopolio de una sola tribu política.

La encuesta también plantea dudas sobre la estabilidad de los pactos autonómicos que introducen el arraigo reforzado como criterio. Solo el 19% de los votantes piensa que los acuerdos PP–Vox en Extremadura y Aragón perdurarán cuatro años; un 31% apuesta por dos años y un 35% calcula que no pasarán de un ejercicio. El recuerdo de rupturas pasadas pesa: la historia de desencuentros condiciona la confianza ciudadana.

Entre los propios votantes del PP la fe en la perdurabilidad es moderada: solo el 32% cree que los pactos resistirán los cuatro años, mientras que la mayoría —48%— prevé dos años. Los electores de Vox son más optimistas: 43,4% confía en que durarán toda la legislatura.

Hay además una lectura por edades que ilustra la amplitud del respaldo: los 45–64 años muestran el mayor apoyo (49,2%), los más jóvenes (18–29) respaldan la idea en un 40% y los mayores de 65 lo hacen en un 45,8%. No es una expresión tribal; es una preferencia social compartida por diferentes generaciones cuando el discurso se concreta en arraigo verificable.

El diagnóstico que arroja la encuesta es claro: la sociedad quiere reglas claras y verificables para acceder a ayudas y servicios públicos. Quiere criterios de residencia, empleo y contribución social, no consignas de exclusión basadas en el origen. La política tiene la obligación de escuchar esa demanda y traducirla en normas que preserven la cohesión social y la legalidad, sin caer en el reduccionismo ni en la demagogia fácil.