Los ataques a jueces son ataques al Estado de Derecho, recuerda Estrasburgo

En una semana marcada por encuentros institucionales, Mattias Guyomar, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde hace un año, ha venido a España y ha hablado claro: los ataques personales a jueces no son meras ofensas privadas, son golpes contra el Estado de Derecho.

Guyomar, que mantuvo reuniones con magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y concedió a EL MUNDO su única entrevista en España, trazó con precisión la naturaleza y los límites del TEDH. Recordó que el Convenio Europeo de Derechos Humanos opera sobre la base de una responsabilidad compartida y que el Tribunal no es una cuarta instancia ni un órgano casacional que revalora hechos o sustituye a los jueces nacionales.

El presidente del TEDH defendió la noción de una jurisdicción subsidiaria: la primera palabra corresponde a los jueces internos; Estrasburgo vela, en última instancia, por el cumplimiento de las garantías del Convenio. Esa tarea exige, dijo, independencia judicial total: los jueces no hacen política y la integridad de la jurisdicción debe ser defendida.

Guyomar también recordó la vocación evolutiva del Tribunal. Desde 1950, Estrasburgo ha debido pronunciarse sobre cuestiones no previstas por el texto original —del aborto al cambio climático, del suicidio asistido al derecho a llevar el velo en centros educativos— y lo ha hecho interpretando el Convenio a la luz del contexto actual, con un pragmatismo judicial que convierte al tratado en un instrumento vivo.

En relación con la polémica sobre inmigración que surgió el pasado mayo, el presidente rechazó la idea de que el Tribunal buscase homogeneizar políticas nacionales y apuntó que, en el último año, sólo el 1,5% de los asuntos del TEDH se referían a inmigración. Guyomar evitó comentar políticamente la iniciativa de nueve Estados —Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia y República Checa— pero subrayó que el artículo 32 del Convenio otorga al Tribunal la facultad de interpretar el tratado y decidir cómo debe evolucionar. Citó además la iniciativa del secretario general del Consejo de Europa que permitió al Comité de Derechos Humanos elaborar un informe sobre cuestiones como la expulsión de extranjeros criminales, la instrumentalización de la inmigración en el este de Europa y los flujos masivos por el Mediterráneo, con vistas a una declaración política próxima.

Sobre casos concretos que han conmocionado a la opinión pública española, Guyomar reconoció conocer el asunto referido a la eutanasia de una joven llamada Noelia, en el que el TEDH abrió vía libre para la práctica de la muerte asistida el pasado 24 de marzo. Evitó, sin embargo, transformar la explicación jurídica en postura política, y recordó que la función del Tribunal consiste en aplicar y interpretar las exigencias del Convenio.

El mensaje que dejó en España fue rotundo y repetido: la independencia judicial no es decorado, es sostén. Y cuando la esfera pública se permite personalizar ataques contra magistrados, lo que se daña no es sólo la reputación de individuos, sino la propia arquitectura del Estado de Derecho que el Convenio y el TEDH buscan proteger.