Libertad vigilada para un eslabón del caso Plus Ultra: preguntas que quedan en la pista

La imagen es nítida: un empresario peruano aterriza en Madrid tras una orden internacional de detención, comparece ante el juez y sale en libertad, con una frontera marcada —la prohibición de abandonar el espacio Schengen— que no equivale a olvido ni a cierre de expediente.

Así ha sucedido con Luis Felipe Baca Arbulu, detenido en Aruba y entregado a España en virtud del Convenio Europeo de Extradición entre Países Bajos y España. Compareció ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, y la Fiscalía le atribuye participación en operaciones de blanqueo de fondos vinculadas a los préstamos que la aerolínea Plus Ultra solicitó durante la pandemia.

No hablamos de rumores: la investigación apunta a la reintroducción en el circuito legal de fondos de origen ilícito mediante operaciones inmobiliarias y mediante la concesión de préstamos a la propia aerolínea. El juez ha prorrogado el secreto de sumario un mes más; la pesquisa sigue su curso con cautela jurídica.

En el centro del tablero aparecen nombres y cantidades concretas. Plus Ultra solicitó entre 2020 y 2021 préstamos por 1,3 millones de euros a un entramado vinculado al financiero Simon Leendert Verhoeven. El rescate público a la aerolínea, por su parte, supuso la inyección de 53 millones de euros de fondos públicos por parte del Gobierno, según la información conocida hasta la fecha.

La instrucción alcanza a varias personas: además de Baca, figuran el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO Roberto Roselli; el empresario Julio Martínez Martínez —vinculado por relaciones personales y pagos al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero— y un abogado de Madrid, entre otros. De hecho, este periódico reveló que Julio Martínez pagó 460.000 euros a Zapatero por supuestos trabajos de asesoría; el ex líder socialista ha negado haber intercedido en el rescate.

No hay, hasta ahora, sentencia: hay indicios que han llevado a calificar la investigación bajo la posible existencia de delitos graves —pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y apropiación indebida— y a advertir, por parte del juez Calama, de ramificaciones internacionales y transferencias de fondos al extranjero.

El relato judicial incorpora además antecedentes procesales: diligencias practicadas en 2022 por la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, remitidas ahora a la Audiencia, y un archivo provisional anterior que impidió profundizar entonces en la concesión de ayudas por error en los plazos. Hoy, con nueva información, la investigación se reabre y se concentra en el destino último y uso del dinero del rescate.

En suma: la entrega desde Aruba y la libertad con limitaciones de Baca no son sino otro hito procedural en una causa que aspira a despejar la madeja de préstamos, pagos y decisiones administrativas que rodearon el rescate de Plus Ultra. La Justicia investiga; los hechos están sobre la mesa; y la sociedad exige que esa investigación sea técnica, rigurosa y transparente. Nada menos que eso procede cuando el dinero público está en el centro del escrutinio.