La violencia en las cárceles se desboca: cinco agresiones en un solo día

El jueves quedó escrito con manos doloridas y mandos conmocionados: cinco funcionarios de prisiones agredidos en el transcurso de una misma jornada en cuatro cárceles españolas. Alhaurín de la Torre (Málaga), Picassent (Valencia), Estremera (Madrid) y Puerto III (Cádiz) son los escenarios de unos episodios que, según el sindicato Acaip-UGT y fuentes penitenciarias consultadas por este periódico, no pueden leerse como simples hechos aislados.

Que las lesiones fuesen de carácter leve no elimina la gravedad del síntoma: dos de los trabajadores tuvieron que abandonar el centro para ser atendidos fuera; en Estremera un funcionario cayó desplomado tras recibir “un fuerte puñetazo”; en Picassent un trabajador con mediación en un altercado sufrió golpes en la espalda y la cara; en Alhaurín un interno catalogado como conflictivo atacó al abrir la puerta de su celda. En Puerto III fueron dos los agredidos, y el sindicato relaciona ese suceso con jornadas previas de consumo de sustancias tóxicas impregnadas en papel, la nueva modalidad que facilita la entrada de drogas sintéticas en los módulos.

No son cifras sueltas: Acaip recuerda que en los últimos tres años los funcionarios han denunciado 1.541 agresiones de presos —más de una diaria— y que solo el año pasado se registraron 529 agresiones, cifra superior a las 504 del año anterior y a las 508 de 2023. Esos números pintan una tendencia que exige explicación y respuesta institucional.

El sindicato apunta a causas concretas: una política penitenciaria que califica de “errática”, el aumento de la población reclusa, perfiles cada vez más complejos con elevada incidencia de patologías psiquiátricas y, en paralelo, una crisis sanitaria en Instituciones Penitenciarias con un déficit de profesionales médicos que, según Acaip, supera el 75%, situación que impide una atención adecuada y repercute en la seguridad.

Hay además un dato inquietante sobre los métodos empleados para introducir drogas. En marzo la Policía Nacional desmanteló una trama que utilizaba cartas dirigidas a presos en la prisión de Botafuegos (Algeciras) para colar estupefacientes de laboratorio, difíciles de detectar. La aparición de sustancias impregnadas en papel en otros centros pone de manifiesto una inventiva delictiva que empuja aún más la convivencia hacia el abismo.

Quien quiera mirar a otro lado debe asumir que la repetición de episodios y el ascenso de las cifras no son meras anécdotas, sino alertas sonoras sobre el estado de nuestras prisiones. Los hechos relatados por Acaip y confirmados por fuentes penitenciarias dibujan un problema con raíces múltiples: salud mental, drogadicción, falta de personal y, según el sindicato, decisiones políticas equivocadas.

Corresponde al Ministerio del Interior, a Instituciones Penitenciarias y a los responsables de la política penitenciaria confrontar estos datos con medidas claras: protección efectiva de los trabajadores, dotación sanitaria y recursos humanos, control de las vías de entrada de estupefacientes y respuestas específicas a la evolución de los perfiles internos. No se trata solo de reparar lesiones físicas, sino de restablecer las condiciones mínimas de seguridad y convivencia que una sociedad exigente y responsable demanda.