La vergüenza de la vivienda y la cobardía de los partidos

Irene Moreno vive de alquiler en Chamberí, pero por poco tiempo: un fondo buitre ha comprado su edificio y lo convertirá en un bloque de lujo. Está a pocas paradas de metro del Congreso, donde el martes se decidía sobre la prórroga de los alquileres y donde Irene acudió a pedir respuestas.

Con los votos en contra del PP, Vox y Junts —partidos que, proporcionalmente, son los que más diputados multipropietarios concentran— la propuesta no salió adelante. Fue entonces cuando Irene explotó y les llamó sinvergüenzas. “¡Haced algo ya, coño! Sois culpables de esta situación”, les gritó. Su intervención fue, según testigos, el único discurso impecable de la jornada; el resto fue maquillaje para X y TikTok.

En el hemiciclo hubo reproches cruzados y teatralidad. Pablo Bustinduy dedicó su filo a denunciar a Vox por votar contra la prórroga, mientras olvidaba que un compañero en el Consejo de Ministros, Óscar Puente, celebró como medalla la inversión de BlackRock en España. Y el diputado de Vox Carlos H. Quero confesó sin rubor que su hermana será desalojada por no aprobar la prórroga, justificando la oposición de su grupo con la metáfora —textual— de que la propuesta era “pan para hoy y hambre para mañana”, y que su partido había decidido adelantar el hambre a hoy.

Hubo diagnósticos valientes y propuestas útiles, pero faltó un punto que atraviesa la materia del problema: la crítica a los pequeños propietarios. La ministra de Vivienda llegó a decir al inicio de la legislatura que protegería a quienes “dedicaron todo su esfuerzo y su trabajo, todos sus ahorros, a la compra de una segunda vivienda que hoy complementan con sus rentas”. Esa protección retumba ahora como un tabú cuando quienes compraron un piso por 10 millones de pesetas (60.000 euros) en 1990 lo alquilan hoy a 1.800 euros mensuales o cuando alguien que heredó una vivienda, pidió una hipoteca con una letra de 500 euros y acaba cobrando el triple a su inquilino.

También forman parte del escenario quienes alquilan habitaciones por 700 euros la pieza en una casa de tres habitaciones para tres familias de inmigrantes. No todo el daño procede de los fondos buitres; muchos pequeños rentistas participan de la escalada de precios. Pero ese diagnóstico incómodo fue esquivado en el Congreso.

Curiosamente, la apelación moral y práctica ha llegado desde la Iglesia. El año pasado, tanto el presidente de la CEE como el obispo Munilla llamaron a los católicos con propiedades a poner sus pisos en alquiler guiados por la comunión de los bienes y no por las leyes del mercado. El ejemplo histórico que se recuerda es el del dominico Giorgio La Pira, alcalde de Florencia en los años cincuenta: mientras construía vivienda pública, pidió a propietarios que alquilaran temporalmente apartamentos vacíos al Ayuntamiento; al negarse, procedió a la requisa para alojar a quienes no tenían casa.

Ojalá la derecha de raíces católicas —si es que existe— y la izquierda de tradición socialdemócrata —si es que queda— tomaran nota de la creatividad, la valentía y el sentido de justicia de La Pira. Entonces quizá no haría falta que una inquilina, a escasas paradas del Congreso, tenga que gritarles a los diputados que hagan algo ya.

Mientras tanto la política sigue dando vueltas sobre discursos y excusas, comprar y vender ladrillos mientras la gente se queda fuera de sus hogares. Ese clamor de Chamberí no puede ser una anécdota ni un tuit para la galería: exige respuestas y decisiones que hoy, en el Congreso, no se tomaron.