La verdad no se elude: Mazón citado como testigo tras el rechazo del TSJCV

La Justicia ha vuelto a poner en el foco lo que no puede quedar en penumbra. La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha decidido citar como testigo al expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la investigación sobre la Dana que causó 230 muertos el 29 de octubre de 2024.

La decisión llega después de que, por unanimidad de cinco magistrados, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazara investigar al aforado Mazón y devolviera la causa al juzgado de Catarroja al entender que no existían indicios delictivos contra él. Esa resolución, lejos de clausurar miradas, abrió la vía para que la instructora acuerde una declaración testifical que obligará al expresident a decir la verdad y a responder ante jueza, fiscal, acusaciones y defensas.

La instrucción no queda en abstracto: la magistrada solicita expresamente que Mazón aporte voluntariamente sus llamadas, mensajes, facturas y listados telefónicos del día de la catástrofe. Pedir pruebas de comunicación no es capricho: es querer reconstruir con documentos y cronologías lo que ocurrió en una jornada trágica.

El auto de Ruiz Tobarra subraya lo que el TSJCV ya afirmó: que el exjefe del Consell “no ostentaba posición de garante” y que no se apreciaron indicios de participación activa en el envío del Es Alert, la alerta masiva remitida a las 20:11 horas, cuando, según la instructora, la mayoría de las víctimas ya habían fallecido. Pero la propia jueza niega que esa resolución sea óbice para impedir su declaración como testigo durante la instrucción.

No son hechos menores los que rodean a la controversia. La magistrada ofreció tres veces a Mazón la posibilidad de declarar voluntariamente como imputado y el expresident rehusó. También pesa sobre la memoria colectiva la cronología del día: una comida de casi cuatro horas en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana mientras se desarrollaban los peores episodios de la riada; el paso posterior por el Palau de la Generalitat; la llegada al Cecopi en L’Eliana a las 20:28, minutos después del Es Alert.

La versión oficial de la Generalitat, sostenida durante un año, defendía que Mazón siguió la crisis desde su despacho oficial. Sin embargo, la declaración como testigos de los tres escoltas y el chófer que trabajaron aquella jornada acaba por desmentir esa tesis. Son piezas que se encajan en la instrucción y que el juzgado legítimamente reclama para obtener claridad.

La instrucción no se limita al expresident: la jueza ha citado también a Ruth Merino, portavoz del Consell durante la riada; solicita comunicaciones a alcaldes de municipios afectados como Utiel, Requena, Chiva, Carlet y Torrent; y convoca de nuevo al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, así como a la principal investigada, la exconsejera Salomé Pradas, para una prueba caligráfica sobre las indicaciones relativas al Es Alert.

En democracia, la exigencia es simple y rotunda: verdad probada, no narrativas sujetas a conveniencias partidistas. No hay atajos procesales para acallar la investigación; ni el rechazo a una imputación por razón de aforamiento convierte en irrelevantes las responsabilidades políticas o administrativas que deben ser dilucidadas. La citación testifical es un paso más en esa búsqueda, y los ciudadanos merecen que se aclare hasta el último detalle del día que segó 230 vidas.