La verdad incómoda: la 'Operación Kitchen' sin aval judicial y la renuncia a investigar sin presiones

En el estrado, con la solemnidad que imponen los hechos, Manuel Morocho ha trazado una línea nítida entre la investigación y la intervención impropia: afirmó que supo de una "operación policial sin contar con la autorización judicial" sobre Luis Bárcenas y negó, con la rotundidad propia de quien responde bajo juramento, que autorizara "ni por escrito ni verbalmente" seguimientos a Rosalía Iglesias.

El relato es claro y contiene la gravedad de lo inesperado: mientras investigaba en agosto de 2013 la "caja B" del Partido Popular y los llamados "papeles de Bárcenas", Morocho recibió un correo de la UDEF que comunicaba una cesión de información por parte de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), entonces dirigida por Eugenio Pino. Al abrir el archivo, halló el nombre de Luis Bárcenas acompañado de teléfonos, personas relacionadas, vehículos, lugares y sociedades. Para él, esa constelación de datos fue la constatación de que se practicaban seguimientos sin la oportuna autorización judicial.

El investigador subrayó que su unidad nunca solicitó apoyo a la DAO durante la instrucción del caso Gürtel y calificó aquella información cedida como "totalmente irrelevante" para la investigación de la caja B. A su juicio, la metodología de conexidad entre investigaciones secretas no se cumplió, lo que introduce dudas sobre la legalidad y la correcta coordinación entre unidades policiales.

No es un apunte aislado: en las primeras sesiones del juicio oral otros mandos de la UCAO declararon que realizaron seguimientos a Rosalía Iglesias por orden del entonces comisario Enrique García Castaño y que volcaron información del teléfono de Bárcenas. Ese cruce de testimonios señala una cadena de decisiones y órdenes que merece escrutinio y que hoy queda expuesta ante la justicia.

Morocho también confirmó presiones que ya había relatado en 2021: la oferta de un puesto en el extranjero para apartarle de la investigación, y presiones para eliminar nombres de atestados, entre ellos el del exmarido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro. Ampliando su testimonio, ha señalado que recibió indicaciones para que el nombre del expresidente Mariano Rajoy no "saliera" en los informes sobre la trama Gürtel y que ciertas apoderadas de cuentas vinculadas a la supuesta caja B no se incluyeran.

Según narró, sus superiores presentaban los "papeles de Bárcenas" como una "ideación" del tesorero y cuestionaban su verosimilitud, apelando a las auditorías del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad del partido. De ahí la instrucción a proceder con contención: evitar maniobras que pudieran torpedear pruebas o abrir la puerta a nulidades. Pero la cautela no puede convertirse en silencio o en exclusión interesada de indicios relevantes.

Son hechos declarados ante un tribunal. Cada pasaje de este testimonio exige respuesta pública y judicial: la existencia de una operación sin respaldo judicial, las órdenes de seguimiento alegadas por otros mandos, las cesiones de información desde la DAO, y las presiones para borrar nombres de la investigación. No se trata de versiones: son afirmaciones que ahora forman parte del sumario y que obligan a preservar la integridad de la investigación y la confianza en las instituciones que deben perseguir la corrupción sin interferencias.