La regularización de Sánchez desata la campaña de la extrema derecha francesa

El anuncio de una regularización extraordinaria que arranca mañana en España no es un hecho doméstico cerrado en sí mismo: es una onda que traspasa fronteras y provoca reacciones en cadena. Jordan Bardella y Marine Le Pen han convertido la medida en munición política. No hablan en tecnicismos: alarman, acusan, exigen. En sus mensajes públicos señalan una consecuencia directa y posible: que personas regularizadas podrán «circular libremente por Francia e incluso instalarse aquí», atraídas, dicen, «por la generosidad de nuestro sistema social abierto sin condiciones». Es la consigna de quienes ven en la movilidad europea una puerta abierta para la contestación del statu quo.

Bardella no se limita a la condena retórica: plantea, en términos prácticos, lo que para él debe ser la reacción política inmediata: suspender Schengen. Recordemos lo que está en juego: el acuerdo permite la libre circulación entre Estados miembros suprimiendo controles fronterizos internos. Pedir su suspensión es, en la práctica, poner sobre la mesa la posibilidad de recuperar controles que la propia arquitectura europea quiso superar.

Le Pen ahonda en la misma línea y dibuja una escena que pretende conmover al elector: Francia «ya se ve abrumada por el peso de una inmigración ininterrumpida» y debe «protegerse de cara a las olas migratorias que no han hecho más que comenzar». Ambas voces piden, además, reservar la libre circulación «a los ciudadanos europeos de forma exclusiva». Es la traducción política de una reacción proteccionista que altera el principio fundamental que sostiene el espacio Schengen.

La respuesta técnica y política de la Unión Europea no se hizo esperar. El comisario Magnus Brunner, encargado de Interior y Migraciones, había advertido que regularizar a nacionales de terceros países en un espacio sin fronteras internas "puede tener un impacto en otros Estados miembros". Y hoy ha reiterado que "la seguridad no puede separarse del espacio Schengen": sin un control sólido en fronteras exteriores, dijo, la confianza se erosiona y "las fronteras internas corren el riesgo de restablecerse".

Ahí está el dilema real, planteado con frialdad institucional: la libre circulación europea solo funciona si se conserva una gestión eficaz de las llegadas irregulares y si existe una cooperación compartida en las fronteras exteriores. Lo que ocurre en una capital, un puerto o un puesto fronterizo repercute en todo el espacio. No es una sentencia ideológica: es una constatación de funcionamiento.

No cabe minimizar la fuerza simbólica de la reacción de la extrema derecha francesa ni el peso técnico del aviso de la Comisión. Ambos elementos confluyen en el debate sobre inmigración y seguridad: por un lado, la instrumentalización política de una medida nacional para reforzar mensajes nacionalistas; por otro, la alarma institucional sobre la integridad del espacio sin fronteras. España pone en marcha una regularización extraordinaria; Europa observa y advierte. Entre la política y la técnica se desarrolla ahora un pulso que tendrá efectos en el mapa de la libre circulación y en la percepción ciudadana sobre seguridad y gobernanza.