La red en el corazón del poder: roles, pagos y acceso que describe la UCO

Los hechos, desgranados con precisión por los peritos de la UCO, muestran una organización con roles diferenciados y objetivos comunes que actuaba desde el seno del Gobierno. No es una metáfora: son declaraciones de más de doce horas ante el Tribunal Supremo por parte del teniente coronel Antonio Balas y el comandante Jesús Montes.

Según los agentes, el triángulo Aldama–Koldo–Ábalos quedó conformado ya en agosto de 2018, apenas dos meses después de que Pedro Sánchez nombrara ministro de Fomento a José Luis Ábalos. Aldama remitió entonces mensajes en los que presumía de una “relación especial” con el ministro de Fomento, según explicaron los investigadores.

La UCO atribuye papeles claros dentro de la supuesta trama: Aldama como quien “paga”, Koldo como gestor del patrimonio y los asuntos personales de Ábalos, y el propio exministro como la pieza que “abre negocios” y facilita accesos que otros no tienen. Balas resumió la mecánica: sin Ábalos “no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron”.

Los agentes relataron asimismo que la organización tenía acceso “muy importante en todos los niveles” de la Administración y aportaron ejemplos concretos: la intervención en el rescate de Air Europa, el expediente sobre hidrocarburos y la gestión del viaje de la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. En ese último caso señalaron que Aldama elaboró el programa del viaje y, en minutos, remitió a Koldo la carta que debía enviar Ábalos, con acceso hasta el presidente para el visto bueno.

Otro bloque central en las explicaciones de la UCO fue la contratación pública durante la pandemia. Los agentes detallaron que el primer contrato que firmó Puertos del Estado en la crisis sanitaria reflejó el “paradigma” del negocio que buscaba Aldama: una empresa vinculada a la red, Soluciones de Gestión, fue adjudicataria y, según evidencias intervenidas, el 16 de marzo ya se había acordado comprar ocho millones de mascarillas. Cuatro días después, Ábalos firmó la orden ministerial para la adquisición de ocho millones de mascarillas; inicialmente, Transportes iba a comprar a Soluciones cuatro millones, y Montes declaró que la decisión de contratar con Soluciones partió del ministro y de VÍctor de Aldama.

Los peritos expusieron también cuestiones de contraprestaciones concretas: el pago por parte de un socio de Aldama del piso de la novia de Ábalos y la influencia ejercida para difundir una nota que anticipaba el rescate de Air Europa. Relataron que Aldama, contratado por la aerolínea, exigió a Koldo la nota de prensa y que llegó a sufragar las vacaciones del ministro —once días en Marbella— “por las molestias”. En el capítulo de hidrocarburos, la trama habría reportado a Aldama 290.000 euros y al ministro, según la UCO, un chalé en Cádiz, en relación con la gestión de una licencia que finalmente no prosperó y que acabó con el cese de Ábalos.

La versión de la Guardia Civil ante el Supremo pone en primer plano una operación sostenida en pagos, gestión y el uso de la capacidad pública para favorecer intereses privados. Son los hechos que, según Balas y Montes, articulaban una estructura con acceso y alcance en las instancias más altas del poder.