La pieza que faltaba: la colaboración de Aldama desnuda la red que tocó al poder

La Fiscalía Anticorrupción no habla en eufemismos: la cooperación de Víctor de Aldama ha sido “esencial”. No es un adorno procesal ni una declaración subsidiaria; según las fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO, sin su testimonio los investigadores no habrían alcanzado la verdadera dimensión de una red que operó desde el Ministerio de Transportes cuando lo presidía José Luis Ábalos.

Ese reconocimiento público no es gratuito. La confesión del comisionista ha permitido investigar amaños en adjudicaciones de grandes obras públicas y avanzar en la pieza secreta sobre la presunta financiación irregular del PSOE. En la llamada causa Mascarillas, la colaboración de Aldama ha servido para asignar papeles: Ábalos como político influyente que abría puertas a negocios; Koldo García como gestor de comisiones y sobornos; y el propio Aldama como el “nexo corruptor” entre el Ministerio y múltiples empresarios. Son constataciones que la Fiscalía considera coherentes con el material probatorio incorporado al procedimiento.

Sin embargo, la calificación del testimonio no es ingenua ni acrítica. El Ministerio Público señala dudas sobre la versión de Aldama respecto al rescate de Air Europa: negó la existencia de pago alguno por parte de la familia Hidalgo, extremo que el fiscal considera poco creíble y que, en su opinión, podría proteger a terceros. Esa factura de prudencia demuestra que la Fiscalía valora la colaboración, pero la somete al contraste con las demás pruebas.

Procesalmente, la tesitura es clara y técnica. Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción, ha pedido inicialmente siete años de prisión por organización criminal y cohecho, además de una multa por aprovechamiento de información privilegiada de 3.713.981 euros. Al mismo tiempo, ha solicitado la atenuante analógica de la confesión prevista en el artículo 21.4 del Código Penal —una atenuante simple— por la eficacia de la cooperación en las etapas tempranas del procedimiento. Luzón admite que la colaboración ha sido relevante y no autoexculpatoria, pero deja sobre la mesa la posibilidad, defendida por la defensa, de que la fiscalía eleve esa atenuante a muy cualificada.

La decisión definitiva no depende solo del fiscal jefe: la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, tendrá la última palabra sobre el grado de rebaja que merezca la cooperación. Y esa decisión llega con la tensión política añadida de que el propio Aldama situó al presidente Pedro Sánchez como supuesto número 1 de la organización, extremo que el Gobierno ha recibido con impacto.

Es relevante reseñar, además, que no existe constancia de un pacto formal entre Aldama y la Fiscalía: el empresario no ha firmado acuerdo alguno, aunque su defensa espera que la cooperación repercuta en la petición de pena. La ley europea y la evolución de la política criminal suelen premiar a quienes colaboran, pero la concreción del rédito penal dependerá, en este caso, de la valoración final de la fiscalía y de la autoridad jerárquica que la supervise.

Nos hallamos, pues, ante un episodio que combina voluntad colaboradora, verosimilitud probatoria y reservas fiscales. La justicia ha conseguido piezas que antes no se veían; ahora corresponde a la instrucción y al juicio traducir esas piezas en responsabilidades ajustadas a la letra y al espíritu de la ley.