La pareja de Gobierno se deshace: los aliados toman distancia en la recta final

Siempre hubo un contrato tácito: amistad política a cambio de apoyos puntuales. Lo que en ocasiones pareció romance fue, desde el principio, una negociación de intereses. Ahora, con apenas un año para las urnas, ese cómodo acuerdo se resquebraja y los aliados empiezan a buscar su propio destino.

El PNV, uno de los socios más relevantes, ha pedido "respeto" si el presidente pretende llegar "acompañado" a las elecciones. Esa petición no es una anécdota: es la señal de una estrategia clara. En La Moncloa lo admiten sin dramatismos de alarma máxima: "Ahora llega el momento en el que buscan motivos para que les voten a ellos y no a nosotros". Y añaden, con la mezcla de ironía y cansancio que deja la gobernabilidad difícil: "Va a ser todo un poco más loco".

La incorporación de Junts en julio de 2023 alteró la geometría parlamentaria del Ejecutivo. Un socio con ADN conservador, que se aliaba con formaciones nacionalistas ya presentes, cambió la receta y complicó la cocción. El Congreso, lejos de ofrecer una mayoría progresista estable, presenta una suma conservadora que condiciona cada paso del Gobierno. De ahí la evolución retórica: de afirmar que solo existe una mayoría progresista a reconocer que "hay una mayoría que impide que avancemos".

Las tensiones internas no se limitan a los separatismos o a la derecha; Sumar, pese a ir en coalición con el PSOE, busca espacio propio en asuntos como vivienda y derechos laborales. Esa competencia por protagonismo hace que los precios de los apoyos se encarezcan y que las posiciones se vuelvan más maximalistas. "Es lógico que cojan distancia", reconocen fuentes gubernamentales, que describen su diplomacia diaria con una metáfora casi doméstica: "Nosotros les mandamos flores, otro día una caja de bombones... a ver si puede surgir algo".

Desde el otro lado, los aliados perciben una crítica continua del Ejecutivo hacia la supuesta incapacidad de los partidos para sacar adelante iniciativas. Y recuerdan el peso determinante de los siete diputados de Carles Puigdemont en numerosas negociaciones, un factor que ha generado quejas sobre trato preferencial y distorsión entre fuerzas de izquierda como Podemos, ERC, Bildu o el BNG. "Los votos de izquierda valen lo mismo", ha sido la demanda recurrente de esos grupos.

La dinámica es ahora de competencia entre socios: ERC y Junts se vigilan, PNV y Bildu se observan, Podemos y Sumar se marcan. La Moncloa ha tenido que equilibrar concesiones para no favorecer a uno sin compensar a otro: "Si concedes a unos, al final también tienes que hacerlo con los otros". Esa exigencia multiplica la dificultad de gobernar en minoría y hace más caro cada respaldo parlamentario.

Pese a las dificultades, los socialistas reivindican logros: 62 iniciativas legislativas aprobadas en esta legislatura y un discurso que reivindica estabilidad y eficacia frente a las crisis. Públicamente, la hoja de ruta sigue apuntando a elecciones en julio de 2027 y a Pedro Sánchez como candidato. En el Ejecutivo se repite la reflexión del presidente: "Reflexiono, reflexiono, reflexiono y yo creo, sinceramente que España lo que necesita son ocho años más de gobierno progresista".

La realidad, sin embargo, es que quedan 14 meses de juego parlamentario en los que cada movimiento se interpretará como táctica electoral. La distancia de los aliados no es solo un gesto: es una carrera por el rédito, que transformará la última etapa de la legislatura en un escenario más volátil y más costoso para quienes tienen que negociar cada voto. Ese es el panorama: una gobernabilidad en entredicho, alianzas por interés y una Moncloa que intenta sostener lo conseguido mientras el tablero se desangra en pequeñas batallas de protagonismo.