La Justicia intensifica la investigación tras la tragedia de la pasarela de El Bocal

La tragedia que conmocionó a Santander el 3 de marzo, cuando se derrumbó la pasarela de El Bocal y costó la vida a seis jóvenes, entra en una nueva fase procesal. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha decidido cambiar la situación procesal de la gestora del 112 de testigo a investigada tras su declaración ante la magistrada, una declaración que se prolongó alrededor de 45 minutos.

No se trata de lirismo: son hechos. Esa empleada del servicio de emergencias de Cantabria atendió, el día anterior al siniestro, el aviso de un vecino que alertaba sobre el estado de la pasarela. Fue ella quien, según la información conocida, transmitió ese aviso a la policía local. Hoy figura como investigada y se suma a los tres investigados que ya constaban en la causa: dos funcionarios de la Demarcación de Costas y el agente de la policía local que recibió el aviso.

La instrucción avanza sobre cimientos de testimonios directos. Han comparecido ante la magistrada el vecino que denunció la situación el día antes, los ciclistas que fueron los primeros en ver a las víctimas y dar la voz de alarma y una vecina que ya había reclamado con anterioridad por el estado de la pasarela. Esos testimonios conforman el entramado probatorio que ahora encamina la investigación.

No hay lugar para conjeturas en el relato judicial: seis jóvenes murieron en el desplome y una chica resultó herida. Tres de las víctimas eran vizcaínas, y la joven herida es alavesa, datos que constan en la información del caso. La conversión de una testigo en investigada refleja el curso habitual de una instrucción que busca responsabilidades concretas sobre los hechos y los actores implicados en la cadena de avisos y respuestas.

La causa, en manos de la titular de la Sección de Instrucción, sigue su trámite. La ampliación del campo de investigados evidencia que la justicia examina con detenimiento no sólo el resultado trágico, sino los pasos previos: quién escuchó el aviso, quién lo derivó y cómo se articuló la respuesta. Esa claridad probatoria es la única vía válida para otorgar verdad y, si procede, responsabilidad ante una catástrofe que dejó seis vidas truncadas.