La justicia cotidiana que calla y demora

Los grandes titulares nos distraen. Cuando un proceso alcanza notoriedad pública, todos miramos; y con razón. Pero esa atención es apenas una gota en el océano del trabajo judicial. La lección es fría y simple: mientras a la vista del público se escenifican debates, hay decenas de miles de asuntos en los que la Justicia funciona a trompicones y con frialdad burocrática.

Un ejemplo que no admite florituras: el Tribunal Constitucional tuvo que corregir hace poco una anomalía procedimental originada en una Audiencia Provincial. Aquella Audiencia declaró la nulidad de una sentencia absolutoria por una supuesta vulneración de un derecho cuyo titular, en términos prácticos, era el reo absuelto y no había reclamado. ¿Qué sentido tiene reabrir un tormento procesal para quien ya había sido absuelto y no exigía reparación? La respuesta, trágica, es que la máquina judicial a veces se supera a sí misma en sinsentidos y obliga a una persona honesta a sufrir años de incertidumbre hasta que un tribunal constitucional pone fin al disparate.

No se trata de negar los aciertos. Hay jueces que cumplen con rigor y honor su cometido. Pero también existe un conjunto numeroso e inquietante de pequeños casos en los que la práctica cotidiana revela disfunciones: errores burocráticos llevados al extremo para deshacerse de expedientes, interpretaciones superficiales de la ley, valoraciones de prueba que no resisten examen. Y cuando los damnificados piden corrección, las respuestas llegan tarde, o no llegan. Detrás de cada expediente hay una persona forzada por las circunstancias a litigar; no es un simple apéndice administrativo.

La actual narrativa dominante culpa a una reforma legal de 2025 de todos los males. Esa reforma, con aciertos y desaciertos —como toda obra humana—, pretendía racionalizar estructuras de trabajo judiciales obsoletas. La crítica es real: los cambios de esa envergadura siempre generan problemas transitorios. Lo irónico, sin embargo, es que cuando la nueva estructura quede asentada y sus fallos se toleren por costumbre, corregirla será todavía más difícil. Y esto pese a que algunos, como el autor del texto fuente, hubieran preferido mantener una primera instancia con juzgados unipersonales y sin la obligación de demostrar negociación previa antes de litigar.

Sobre esa obligación de negociar antes de acudir al juzgado, conviene ser claro: exigir que todo litigante acredite intentos previos de negociación es discutible. Muchos demandantes ya intentan acuerdos antes de litigar; la obligación puede castigar al ciudadano corriente e intentar corregir un abuso masivo por parte de actores profesionales —fondos de inversión, por ejemplo— con una rémora que afecta a todos. Además, la aplicación práctica de ese requisito ha mostrado una dispersión de criterios por parte de operadores judiciales en toda España, una dispersión que no es digna de un Estado de Derecho ordenado.

Hay otra verdad que no podemos soslayar: la Justicia no está pensada plenamente para estructuras de trabajo grupal ni para la entrada abrupta de nuevas tecnologías. La inteligencia artificial ya se utiliza —subrepticiamente, según la fuente— y exigirá reformas profundas de las leyes procesales; pero esas reformas no pueden improvisarse ni convertirse en excusa para parchear la ineficacia administrativa.

La conclusión es inapelable: urge hablar más de los miles de pequeños procesos que muestran las deficiencias reales que los ciudadanos llevan a los tribunales. Hacerlo de forma divulgativa y comprensible no es un capricho académico; es una necesidad democrática. Porque la justicia que tarda o que administra respuestas burocráticas en vez de soluciones razonadas no sólo desampara al ciudadano: erosiona la confianza en el Estado. Y aquello es a la larga una fractura que ninguna reforma, por buena que fuera en sus planteamientos, podrá reparar si no se corrigen también las prácticas cotidianas que generan injusticia.