La justicia convocada, la declaración ausente: Errejón y Mouliaá frente a frente (en los papeles)

La escena judicial que llegó este viernes a los juzgados de Plaza de Castilla tiene la simplicidad implacable de los procedimientos: un querellante que reafirma su escrito y una querellada que, por segunda vez, no se somete a la comparecencia prevista.

Íñigo Errejón se presentó ante el juez Arturo Zamarriego y se ha ratificado en la querella por calumnias que mantiene contra la actriz Elisa Mouliaá. En la puerta del juzgado, tras declarar, negó que hubiese extorsionado a testigos en la causa que le investiga por presuntas agresiones sexuales contra ella. Es un dato incontrovertible: El querellante reafirmó su postura ante el órgano instructor.

La acusada no acudió. Mouliaá, citada a las 10:30, no se personó por segunda ocasión y su defensa presentó un recurso en el que sostiene que se encuentra de baja médica por un trastorno ansioso con una duración estimada de 49 días, lo que, según su letrada, la incompatibiliza con la comparecencia judicial. La defensa explicó asimismo que, por el momento, ella no declarará; el recurso forma parte del expediente al que ha tenido acceso la prensa.

En paralelo, la instrucción no se detiene: estaban previstos para este viernes dos testimonios, los de los propietarios del piso donde se celebró la fiesta en la que supuestamente tuvo lugar la agresión. Esos testigos declararon, según consta, que una persona que entonces era su amiga les presionó después, tras la denuncia en 2024, para que respaldasen su versión en sede judicial. Uno de ellos llegó incluso a bloquear a esa persona y contactó con Errejón para manifestar que su situación le parecía "injusta".

No es la primera ausencia: el 27 de marzo Mouliaá ya dejó de acudir, entonces con el argumento de una operación según su letrado y con anterior baja médica ya alegada por la propia actriz. Son hechos consignados en el proceso y en las explicaciones públicas de las partes.

La causa sigue su cauce: querella por calumnias ratificada, investigación por presuntas agresiones sexuales en curso y testimonios que la instrucción considerará. Frente a ello, la magistratura deberá ponderar las justificantes médicas aportadas y asegurar el derecho de las partes a que los hechos se esclarezcan en sede judicial. No son juicios de opinión los que deben prevalecer, sino las actuaciones y las pruebas que aporte el procedimiento.