La hemeroteca no perdona: Sánchez, de exigir expulsiones a impulsar la mayor regularización

La política tiene memoria y la hemeroteca, una paciencia de quirófano: guarda, conserva y devuelve los hechos con la frialdad de un espejo. En pleno impulso gubernamental de una regularización extraordinaria, la intervención de Pedro Sánchez en el Senado el 18 de diciembre de 2018 reaparece como un documento que golpea la narrativa oficial.

En aquel pleno, con menos de un año en La Moncloa, el presidente alzó la voz contra lo que calificó de insuficiencia en las expulsiones realizadas por el Gobierno del PP: puso cifras sobre la mesa y reprochó que se habían ejecutado «solamente 8.600 repatriaciones» en dos años. Contrastó esos datos con los registros de 2011 —alrededor de 11.000 repatriaciones— y las cifras de 2016 y 2017 —algo más de 5.000 y 3.564 respectivamente— para subrayar la insuficiencia de la respuesta ante la inmigración irregular.

Aquel discurso defendía endurecer expulsiones y reforzar medios policiales; hoy, la misma administración que entonces reclamaba contundencia impulsa una regularización que, según cálculos de la AIReF, podría beneficiar a hasta 800.000 inmigrantes en situación irregular. El contraste es palmario: de pedir más repatriaciones a promover un proceso que, por su propia escala, cambia por completo el marco de actuación.

La hemeroteca no olvida tampoco la referencia de Sánchez a los menores extranjeros no acompañados: calificó su llegada como «un drama que afecta a muchísimas comunidades autónomas» y, en ese contexto, abogó por reforzar recursos policiales y materiales para controlar fronteras y actuar en el Estrecho. En ese momento no hubo alusiones a regularizaciones masivas ni a procesos extraordinarios de documentación.

Los hechos, puestos uno al lado del otro, dibujan un giro que obliga al debate público a preguntarse por la coherencia entre las palabras de ayer y las políticas de hoy. No es un tema de adjetivos: son cifras y discursos registrados en el Diario de Sesiones del Senado y en los informes citados que hoy alimentan la discusión sobre inmigración y orden público.

Quien gobierna debe dar cuenta de sus decisiones; la hemeroteca solo exige consistencia entre lo dicho y lo hecho. Y cuando los ecos del pasado reaparecen, la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones claras y a ponderar las consecuencias —sociales, laborales y de seguridad— que trae consigo cualquier cambio de rumbo tan radical como el que hoy se vislumbra.