La Generalitat da luz verde a Kenerjona I: energía, tierra y tensiones locales

La Generalitat Valenciana, por medio de la Dirección General de Energía y Minas, ha pronunciado un sí administrativo: autorización previa y de construcción para la central fotovoltaica FV Kenerjona I en Castalla, con una potencia de 40,8 MW. La resolución, fechada el 23 de abril, aguarda su publicación oficial en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

No es un proyecto nimio. El presupuesto de ejecución material se fija en 20,5 millones de euros y se añade algo más de un millón para el plan de desmantelamiento y reposición del terreno: en total, 21,5 millones. La inversión se desplegará sobre cinco parcelas que suman casi 70 hectáreas valladas, de las que 51 hectáreas se ocuparán físicamente; la planta dispondrá de 70.924 módulos.

La autorización descansa sobre una Declaración de Impacto Ambiental favorable, fundada en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. En el trámite público se registraron 591 alegaciones, todas ellas resueltas según consta en la resolución. No es baladí: la tramitación ha pasado por el filtro de administraciones y organismos diversos, entre ellos el Ayuntamiento de Castalla, la Confederación Hidrográfica del Júcar, Red Eléctrica de España, Enagás Transporte y las direcciones generales competentes en infraestructuras, patrimonio y medio natural.

La resolución incorpora condiciones concretas que el promotor asume: tipo de vallado, respeto a la vegetación, excavaciones con seguimiento arqueológico y medidas sobre vertidos, entre otras exigencias. Asimismo, se autoriza la infraestructura eléctrica de evacuación común y compartida hacia la subestación SET Kenerjona, de la que serán cotitulares Kenermora Solar I SLU y Kenermora Solar II SLU, para dar servicio a FV Kenerjona I (Castalla) y FV Kenerjona II (Ibi).

No obstante, el expediente guarda una nota de fricción social: ambos proyectos han recibido el rechazo de las administraciones municipales de Castalla e Ibi, además del de grupos ecologistas y de distintas entidades. Es un dato que figura en el expediente y que ilustra la tensión entre la apuesta por nuevas infraestructuras energéticas y las preocupaciones locales y ambientales.

El documento administrativo traza, pues, un mapa claro: impulso a la generación fotovoltaica con condiciones para minimizar impactos, una cifra de inversión y un calendario administrativo que todavía depende de su publicación oficial. Y, también, la constatación de controversia local que, por ahora, sigue formando parte del expediente que autoriza la planta.