La fortuna andorrana y la coartada del legado: preguntas que siguen abiertas

La jornada en la Audiencia Nacional ha dejado una imagen nítida: un patrimonio familiar que circuló durante décadas por bancos de Andorra y una versión que pretende reducirlo a la gestión de una herencia.

Jordi Pujol Ferrusola, como gestor del dinero en los años noventa, ha dibujado hoy ante el tribunal un mapa de operaciones financieras —láminas financieras, reinversiones al vencimiento, préstamos para cosechas de tabaco en Nicaragua o compras de sardinas en Bermeo— y ha explicado que cuando los productos vencían repartía rendimientos entre sus hermanos para que «cada uno se responsabilice de su parte». Fue él quien, según su declaración, tomó el control de la llamada deixa en 1990, tras la muerte de Florenci Pujol en 1980, cuando el legado constaba de 100 millones de pesetas y títulos equivalentes a otros 300 millones de pesetas.

Esa versión choca con las sospechas de la Fiscalía, que considera que las cantidades depositadas pudieron proceder de actividad corrupta ligada a la política. El fiscal ha interrogado sobre ingresos cuyos orígenes no están acreditados, entre ellos pagos vinculados a adjudicaciones públicas, como la venta del edificio del Gran Tibidabo a la Generalitat; la respuesta del acusado ha sido tajante: «Es mentira», y ha intentado trazar un muro entre la fortuna opaca en Andorra y los ingresos de sus empresas.

No menos grave ha sido el debate sobre la implicación del expresident Jordi Pujol. Pujol Ferrusola ha repetido en sede judicial la defensa familiar: su padre «nunca ha tenido una cuenta en el extranjero» y no regularizó dinero opaco. A la vez, explicó el uso que hizo de su progenitor en un conflicto personal con su exmujer para obtener una carta del banco que, según dijo, formó parte de un ardid para impedir que ella accediera a unos fondos.

Los bancos que alojaron esos saldos aparecen también en el relato: Banca Reig fue el primer intermediario y, después de la fusión que dio lugar a Andbank, la entidad expulsó a la familia en 2010 al considerarles personas políticamente expuestas. El recorrido del dinero —inversiones en productos opacos de la época, movimientos a Suiza y Bulgaria, reinversiones continuas— subraya la movilidad y la opacidad que para la Fiscalía alimentan la sospecha de un origen distinto al legado familiar.

Queda, por tanto, la misma pregunta que trajo el escándalo en 2014, cuando el propio Jordi Pujol confesó que su mujer y sus hijos mantuvieron un patrimonio en Andorra: ¿fue todo un legado familiar manejado por un hijo inquieto por las finanzas, o hubo transferencias de origen público camufladas como operaciones privadas? En la sala, las respuestas siguen condicionadas por documentos, comisiones rogatorias y declaraciones que pugnan por encajar. Hoy, la coartada del legado ha encontrado defensa en el estrado; la Fiscalía, prudente y perspicaz, mantiene la duda fundada y exige que los hechos se despejen con pruebas, no con retóricas convincentes.