La Fiscalía no cede: Aldama seguirá en la ecuación judicial tal como se pidió

En el tablero del juicio por la trama de las mascarillas, la pieza más discutida sigue siendo la de Víctor de Aldama: el presunto conseguidor cuyo testimonio abrió otras vías de investigación —entre ellas, la supuesta trama del amaño de obra pública— y que ya se vio beneficiado por una atenuante de confesión que rebajó sustancialmente su petición de pena frente a la de sus compañeros.\n\nLa Fiscalía Anticorrupción, personificada en la figura de su jefe Alejandro Luzón, optó por no profundizar en esa bonificación. Pese a la petición de la defensa —y a la puerta que el propio fiscal había dejado entreabierta en la audiencia preliminar— el ministerio público ha ratificado su escrito de conclusiones: 7 años de prisión para Aldama por delitos de organización criminal, aprovechamiento de información privilegiada y cohecho; 24 años para José Luis Ábalos y 19,5 para Koldo García por delitos que incluyen organización criminal, cohecho y otros.\n\nNo fue una decisión improvisada en vacío: según fuentes fiscales, la posibilidad de una mayor rebaja existió y se discutió hasta el último minuto, y pasó por el filtro de la fiscal general del Estado y otros miembros del cuartel general. Luzón formalizó, por tanto, una postura que se quería uniforme: “no hay ninguna modificación”, dijo, despejando dudas y trasladando al tribunal una posición diseñada en el seno de la Fiscalía.\n\nMientras tanto, la acusación popular, dirigida por el PP, eligió otro camino: redujo sus peticiones contra Aldama hasta situar cada delito por debajo de los dos años, sumando en conjunto algo más de cinco años, con la evidente estrategia de dejar abierta la puerta para evitar la prisión si la confesión se valora como “muy cualificada”. Esa calificación es exactamente la jugada que la defensa, encabezada por José Antonio Choclán, reclama insistentemente: penas por delito que no superen los dos años, fórmula que, de prosperar, permitiría al presunto conseguidor no pisar la cárcel.\n\nEn sede judicial, las declaraciones de Aldama introdujeron nombres y acusaciones directas —al presidente del Gobierno, a su esposa, a la ministra de Hacienda—, pero los hechos consignados en sala no obtuvieron hasta ahora más apoyo que la propia palabra del acusado. Frente a ello, la Fiscalía mantiene sus peticiones iniciales y las otras defensas reclaman absoluciones.\n\nEl resultado práctico es claro: la expectativa sobre el futuro penal de Aldama se traslada ahora al tribunal. La Fiscalía ha decidido no regalar más margen de maniobra; la acusación popular sí lo ha hecho. La decisión de Anticorrupción, tomada tras consultas internas, pretende ser la expresión de una posición única y estable frente al tribunal. Así pues, la llave final no la tiene el ministerio público, pero sí está en su mano condicionar el horizonte penal con la claridad o la firmeza de sus conclusiones.\n\nQueda la advertencia del exministro Ábalos, que denunció en su comparecencia una estrategia para forzar colaboraciones y politizar la causa, acusación que añade una dimensión política a lo que es, esencialmente, un proceso penal. Sea como fuere, los hechos probados en la sala y las conclusiones presentadas definen un momento decisivo: la Fiscalía ha optado por la contención y la unidad de criterio; la defensa y la acusación popular han jugado a extremos opuestos. El veredicto que vendrá deberá confrontar esa tensión sin otra guía que la valoración jurídica de las pruebas y la credibilidad de las declaraciones ofrecidas en el juicio.