La excarcelación de 'Pototo': la ley que cambia cuentas y desacomoda conciencias

La libertad de Julen Atxurra Egurrola —alias Pototo o Erreka— no es un golpe de azar ni una invención retórica: es el resultado directo de un cambio legal y de una liquidación administrativa. La Audiencia Nacional aplicó la reforma aprobada en septiembre de 2024, que permite descontar de penas impuestas en España el tiempo ya cumplido por el mismo delito en otros Estados miembros de la UE. En el caso de Atxurra, ese tiempo son exactamente 6.334 días pasados en prisiones francesas, desde su detención el 23 de julio de 1996 hasta su entrega a España el 27 de noviembre de 2013.

No hablamos de cifras etéreas sino de antecedentes y procesos concretos: Atxurra acumuló en España condenas que sumaron más de 181 años en nueve causas, pero la legislación española fijó en marzo de 2015 una única pena de cumplimiento —el máximo legal— de 30 años. Fue ese cómputo de 30 años (10.950 días) al que la Audiencia restó los 6.334 días franceses, y sobre el que además aplicó una segunda reducción de 571 días por redenciones de trabajo y estudio relativas a delitos cometidos antes de la reforma penal de 1995.

El expediente que ampara la decisión es ilustrativo del trámite: la Audiencia solicitó a Francia las sentencias y el detalle del tiempo efectivo de prisión, incorporó el informe de la Fiscalía que consideró procedente la acumulación interesada y encargó la llamada "liquidación de condenas acumuladas" al Servicio Común de Ejecución, documento culminado el 13 de abril y que al día siguiente dejó en libertad al que fuera número tres de la organización terrorista.

No es un caso aislado. Con Atxurra ya son cinco los miembros de ETA —Jon Mirena San Pedro, Balbino Sáenz Olarra, José María Dorronsoro, Aitzol Gogorza y el propio Atxurra— y un exdirigente de los Grapo, Manuel Pérez Martínez, que han salido tras considerar la justicia que han extinguido sus penas en aplicación de la modificación legal de 2024. Cuando el Congreso aprobó la reforma, la Asociación de Víctimas del Terrorismo estimó que podría beneficiar a 44 presos de ETA; Sare elevó entonces esa cifra a 52 y calculó además que 15 antiguos terroristas ya liberados habrían podido beneficiarse de la norma.

Todo esto ocurre porque el cambio normativo responde a la transposición de una directiva de la Unión Europea sobre comunicación de antecedentes penales entre Estados miembros: una reforma técnica y comunitaria que produce efectos sociales y políticos de gran calado. La decisión de aplicar la norma y de computar días cumplidos en Francia —con recuentos probatorios y cálculos de redención— ha generado un resultado tangible: anticipar el cumplimiento de la pena de quien fue condenado por secuestros y asesinatos hasta una fecha distinta de la prevista antes de la reforma.

No procede aquí juzgar moralmente más allá de los hechos: la Audiencia Nacional siguió el cauce procesal previsto, recabó documentación internacional, contó con el informe fiscal y formalizó la liquidación de penas. Pero tampoco cabe ignorar que una reforma de trazo técnico puede transformar realidades dolorosas y sensibles para la sociedad. La letra de una directiva y su transposición pueden, en la práctica, modificar el destino carcelario de quienes fueron responsables de delitos que marcaron a víctimas y a comunidades enteras.

El debate público que acompaña a estas decisiones es ineludible: estamos ante la convivencia entre obligaciones internacionales, principios jurídicos y expectativas de las víctimas. La aplicación estricta de la norma ha producido excarcelaciones concretas y verificables; la política y la sociedad deben responder con la claridad de los hechos y la firmeza en la protección de la memoria y los derechos de las víctimas, sin omitir que la reforma nació para armonizar procedimientos entre Estados miembros de la UE.