La Eurocámara no blinda: cae la inmunidad de Alvise por presunto acoso

El Parlamento Europeo ha decidido, con la frialdad del procedimiento pero con la contundencia de los hechos, retirar la inmunidad al eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis Pérez, conocido como Alvise. No se trata de una ficción: es la respuesta institucional ante una petición del Tribunal Supremo que solicita investigar presuntas conductas de acoso y difusión de mensajes que habrían tenido consecuencias reales sobre una autoridad judicial.

El informe que ha motivado la votación describe, con referencias concretas, la difusión en un chat de Telegram entre enero y febrero de 2024 de la identidad de la fiscal delegada contra delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. Esa divulgación, según consta, provocó una reacción inmediata de los seguidores del canal: más de 1.500 comentarios —en su mayoría insultantes— dirigidos contra la fiscal. Esos números y esa correlación entre conducta y efecto son lo que ha pesado en la decisión de la Eurocámara.

La votación en pleno se resolvió por mayoría simple; no era una sorpresa después del respaldo abrumador que ya obtuvo en la Comisión de Asuntos Jurídicos —16 votos a favor y una abstención—, el trámite previo que allanó el camino. La Cámara ha impuesto así la lógica elemental: la protección institucional no debe ser un escudo contra la investigación por hechos graves que puedan afectar a la integridad de funcionarios y al normal ejercicio de la justicia.

El informe recuerda algo crucial y que no debe olvidarse en el debate público: los hechos imputados datan de un periodo en que Alvise no era aún eurodiputado. Fue elegido en junio de 2024. Esa precisión temporal evita confusiones y sitúa la decisión de la Eurocámara en el terreno jurídico procedimental: no se estaba juzgando una conducta parlamentaria, sino presuntas actuaciones privadas con efectos públicos.

Este suplicatorio es el primero de dos que tramita la Eurocámara contra el mismo eurodiputado. Queda pendiente otro, iniciado en noviembre de 2025, que permitiría investigar una supuesta financiación irregular de su partido, SALF, por presunta recepción de 100.000 euros de un empresario para costear la campaña electoral de la agrupación. Esa segunda pieza refuerza la necesidad de que la Justicia pueda actuar con todas las herramientas procesales disponibles.

En paralelo, el Supremo mantiene abiertas otras pesquisas contra Alvise: supuestos delitos de revelación de secretos y acoso contra los ex compañeros Diego Solier y Nora Junco, y un caso por la difusión de una prueba falsa de covid atribuida al presidente de la Generalitat y exministro Salvador Illa. Son hechos que, juntos, configuran un panorama de acusaciones que justifican la actuación de las autoridades competentes y la tramitación parlamentaria del levantamiento de la inmunidad.

El gesto del Parlamento Europeo debe leerse con claridad patriótica: las instituciones no pueden ser refugio para conductas que minan la convivencia democrática ni para acciones que faciliten la victimización de quienes, desde la ley, defienden derechos y persiguen delitos. La decisión abre la vía para que la Justicia española actúe y para que los hechos, y sólo los hechos, sean ponderados y resueltos conforme a Derecho.