La defensa proclama superávit: ¿respiro jurídico o coreografía procesal?

La batalla judicial de Begoña Gómez suma un nuevo capítulo técnico: un informe firmado por el catedrático Jesús Rodríguez Márquez que afirma, lisa y llanamente, que la Universidad Complutense de Madrid no sufrió quebranto alguno tras la actividad de la cátedra de Transformación Social y Competitiva (TSC), sino que habría obtenido un superávit de 12.856 euros.

No es un alegato lírico; es un ejercicio contable que la defensa pone sobre la mesa del juzgado que acordó enviarla a juicio por delitos de corrupción. Según el documento, la UCM recibió 158.400 euros de patrocinadores privados destinados a la cátedra y gestionó esos fondos. De esa cantidad, 108.765 euros habrían sido aplicados a las finalidades previstas —un extremo que, según la pericial, reconoce la propia universidad— y otras aportaciones privadas por 17.600 euros habrían sido destinadas a gastos de personal y dirección, aunque el «gasto real» computado por la Complutense sería solo de 4.743 euros: de ahí emerge la cifra de 12.856 euros a favor de la entidad pública.

La tesis de la defensa es estratégica y precisa: fondos privados comprometidos para fines concretos, gestionados por la universidad, no pueden, en su lógica, traducirse en perjuicio para la UCM si se emplearon conforme al convenio. El argumento añade una doble tijera: si no se hubieran ejecutado esos proyectos, la universidad habría incurrido en la obligación de restitución a los patrocinadores y, por tanto, en un perjuicio distinto al que imputan los instructores.

El informe no flota en el vacío: encuadra además el debate sobre el software que figura en las diligencias, cuya inscripción a nombre de Gómez se señala como presunta irregularidad. La pericial puntualiza que la cuestión no sería el despliegue del software sino la eventual omisión de hacerlo, en cuyo caso la universidad habría incumplido con la finalidad pactada con los financiadores.

Esta presentación no llega sola. Es la tercera pericial en semanas: antes, el catedrático de Economía Antonio Manuel López defendió que las cátedras extraordinarias financiadas por empresas son habituales en la Complutense —citando alrededor de 50 casos—, y otro informe, del catedrático Julio Víctor González, puso en contexto el uso de asistentes en La Moncloa por parte de esposas de presidentes, con ejemplos que buscan relativizar prácticas anteriores.

En el marco procesal, la defensa persigue desarmar las piezas penales que pesan sobre Gómez —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida— mostrando que, desde la óptica contable y formal que ofrecen estos peritos, no medió perjuicio económico para la universidad.

Los hechos que el documento desgrana son concretos: financiación pública-privada por 158.400 euros, aportaciones puntuales como los 60.000 euros de Reale Seguros y los compromisos anuales de la Fundación La Caixa (15.000 euros anuales), y acuerdos con empresas como Google, Indra y Telefónica para el desarrollo del software orientado a pymes y objetivos de desarrollo sostenible. También es cierto —y la noticia lo recuerda— que existe un señalamiento en las diligencias sobre la inscripción del software a nombre de Gómez y que aparece en la investigación la participación de una asistente vinculada a La Moncloa en tareas relacionadas con la cátedra, extremo por el que la defensa rebate la existencia de malversación.

Es inevitable leer estos informes con la mirada larga del proceso: la fuerza de las periciales reside en los números y en la interpretación jurídica que de ellos se extraiga. La defensa exhibe balances y obligaciones contractuales; la acusación —que motivó el envío a juicio— deberá confrontar esas cifras, su contabilización y la vinculación probatoria entre la gestión de la cátedra y los delitos que se imputan.

No es una conclusión definitiva, es una contienda de pruebas. Pero la pericia que ahora se incorpora al sumario no es retórica: propone una lectura contraria a la versión del perjuicio económico. El juzgado y, eventualmente, el tribunal tendrán la última palabra. Hasta entonces, la política y el derecho siguen cabalgando en paralelo: uno dirá motivos; otro, números.