La cadena de respuesta se rompió: responsabilidades claras y urgentes

La tragedia de El Bocal no fue un accidente fortuito: fue el resultado de una cadena de fallo administrativo y operativo que, según ha reconocido la alcaldesa Gema Igual, «no funcionó». Un vecino llamó el 2 de marzo a las 12:14 para alertar de que la pasarela podía caerse. Ese aviso llegó al 112 y fue trasladado a la Policía Local. La agente que recibió la llamada no la registró como incidencia, no la comunicó a sus compañeros y, en su informe, consideró que "no se desprende grave riesgo de colapso".

Veintiocho horas después, la pasarela colapsó y seis jóvenes, de entre 19 y 21 años, perdieron la vida; una séptima persona permanece ingresada en estado grave. Esos hechos constan en la información hecha pública por el Ayuntamiento y en el propio reconocimiento de la alcaldesa: la funcionaria no activó los protocolos que hubieran obligado a cortar el paso o señalizar el peligro. El móvil receptor no deja registrada la conversación, y la llamada no generó la actuación operativa que en otras ocasiones sí se ha adoptado al detectarse problemas en pasarelas del paseo.

La alcaldesa Igual ha abierto un expediente informativo a la agente que desoyó el aviso y ha asumido "el error" de que no se actuara durante esas 28 horas; al mismo tiempo ha señalado expresamente a la Dirección General de Costas como la administración competente en la conservación de estas pasarelas, recordando que desde su construcción en 2016 esa responsabilidad corresponde a Costas y que el Ayuntamiento «no ha movido ni una tabla». Igual ha evitado asumir más responsabilidades que las de garantizar transparencia en la investigación y acompañar a las familias afectadas.

Los hechos plantean preguntas limpias y urgentes: cómo se gestionaron las alertas recibidas por el 112, por qué la llamada no quedó registrada ni se consideró una incidencia susceptible de intervención, y por qué no se activaron medidas preventivas tras un aviso explícito de riesgo. El contraste con intervenciones anteriores de la Policía Local —que sí valló pasarelas ante avisos previos— añade gravedad al vacío operativo ocurrido en este caso.

No inventamos causas más allá de lo que se ha dicho públicamente: hay un aviso no registrado, una decisión de la agente reflejada en su informe, un expediente abierto y la atribución de la conservación a Costas. Sobre esa base debe desarrollarse una investigación ágil y rigurosa, que establezca responsabilidades administrativas y operativas con claridad, y que garantice que jamás más una alarma ciudadana se quede sin respuesta por fallos de procedimiento o byzantinos vacíos competenciales.

La ciudadanía exige y merece respuestas: transparencia, sanciones si proceden, y medidas efectivas para que la protección de los espacios públicos no dependa de la fortuna o de la casualidad de que alguien observe el peligro. Que la política y la gestión actúen con la misma urgencia con que la vida fue arrebatada en El Bocal.