La derecha fragmentada: Vox rompe el marco jurídico y hace naufragar la respuesta a Bildu

El choque ocurrió donde tenía que ocurrir: en el Senado, escenario de estrategias y de cuentas. Lo que se pretendía ser una respuesta conjunta frente a EH Bildu terminó convertido en un espejo roto que refleja, por un lado, la pulsión maximalista de Vox y, por otro, la prudencia legalista del PP.

Vox registró una enmienda centrada en la ilegalización del partido abertzale. Fue un gesto político de alto impacto, directo y de fuerte carga simbólica. Pero ese gesto no contó con el apoyo del Grupo Popular, que optó por otra senda: una enmienda alternativa anclada en reformas legales concretas y con recorrido en los tribunales.

El PP argumentó con claridad jurídica: promover hoy la ilegalización de Bildu carece de recorrido y puede convertirse en un boomerang si los tribunales resolvieran en contra. La Ley de Partidos Políticos y la posterior doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional fijan requisitos estrictos para declarar la ilegalidad de una formación. Voces vinculadas a la elaboración de esa normativa, citadas en el debate público, advierten del riesgo real de una eventual resolución favorable a Bildu que, lejos de debilitarle, reforzaría su legitimidad.

Frente a la bandera de la prohibición, Génova desplegó una propuesta operativa. La enmienda del PP pone el acento en reformas del marco penal y penitenciario: el endurecimiento del delito de enaltecimiento del terrorismo, la garantía del cumplimiento íntegro de las penas y la modificación del régimen de beneficios penitenciarios.

En concreto, el PP plantea condicionar cualquier progresión de grado o flexibilización del régimen penitenciario a la colaboración efectiva con la Justicia, al arrepentimiento expreso, a la petición de perdón a las víctimas y a la reparación del daño causado. También incorpora reformas electorales para vetar la elegibilidad de condenados por terrorismo que no acrediten esos requisitos y reivindica el impulso a la investigación de los más de 300 crímenes de ETA aún sin resolver.

La diferencia no es menor: una estrategia simbólica que excita la opinión pública frente a una operativa diseñada para resistir el escrutinio jurídico. «Vox pide lo que no se puede cumplir. El PP propone lo que sí se puede hacer desde mañana», resumen fuentes populares en su argumentario. Esa máxima resume el desencuentro: impacto emocional frente a sostenibilidad legal.

La advertencia del PP sobre el riesgo de reforzar a Bildu tras una ilegalización frustrada fue central en el fracaso del pacto. No se trató solo de táctica parlamentaria; fue una deliberación sobre lo posible y lo prudente dentro del marco constitucional. Vox, sin embargo, mantuvo su exigencia pese a que expertos consultados consideran inviable esa vía en el actual contexto jurídico.

El resultado es una derecha partida: una parte que apuesta por el gesto inmediato y otra que reclama reformas con fundamento legal. Y mientras la discusión interna se agudiza, el debate sobre Bildu se eleva del plano jurídico al político, con el Gobierno señalado desde Génova como factor que ha otorgado a la formación abertzale un papel determinante en la estabilidad parlamentaria. El Senado, por ahora, ha devuelto la cuestión al tablero: sin acuerdo, sin unanimidad y con el reto de traducir el clamor público en medidas que aguanten ante los tribunales.