En el ojo del huracán: el juicio que desnuda redes y responsabilidades
Declaraciones de Aldama marcan una jornada clave en el 'caso mascarillas' y apuntan a figuras del poder

Redacción · Más España


Hay momentos en que la verdad, por áspera que resulte, se presenta con la contundencia de una constatación pública. La sesión en el Tribunal Supremo, con la declaración de Víctor de Aldama, ha ofrecido ese desenlace directo: hechos narrados sin florituras, apuntes que enlazan nombres, gestos y movimientos que no pueden soslayarse.
Aldama ha reconocido colaborar con la Guardia Civil y que fue distinguido con una medalla al mérito. Ha negado conocer a Koldo García a través de Rodrigo Cortina o de la empresa de seguridad Ombuds, cuando la defensa planteó esa hipótesis. Son apuntes que liman versiones y colocan el foco sobre lo comprobable: la colaboración con las fuerzas y un reconocimiento público.
En la sala también se planteó quién costeó el vehículo atribuido a Koldo. La defensa solicitó que el Supremo oficie a Bernardo Castillo para aclarar si fue Castillo quien pagó en efectivo el coche, o si fue Koldo quien lo adquirió, extremos sobre los que Aldama sitúa a Castillo como un hombre vinculado al círculo de Ábalos en Dominicana y con relación con concesionarios. No se trata de insinuaciones veladas: son peticiones formales al tribunal para que contraste la versión ofrecida.
Aldama se define como “apolítico” y explica sus encuentros con el presidente Pedro Sánchez: una coincidencia en un mitin y otra ocasión en el cumpleaños de Ábalos. Lo sitúa además como interlocutor en asuntos relevantes, como la financiación y el rescate de Air Europa, y afirma que cuando hablaban del “1” se referían a Sánchez, llegando incluso a prever una llamada con él para informar de la aprobación del rescate. Son declaraciones que, en el lenguaje de la política, pesan.
Sobre Villafuel y la licencia de operadora, Aldama remonta el origen a finales de 2018 y detalla que la compra de la casa fue concebida como un “regalo” para allanar la concesión de la licencia, en una trama de decisiones empresariales que intersectan con la acción administrativa. Preguntas sobre el momento de la compra y las relaciones con Have Got Time y sus problemas en la Audiencia Nacional por el fraude del IVA de hidrocarburos han formado parte del interrogatorio.
La jornada ha desvelado además aspectos personales intercalados con lo empresarial: la estancia en Villa Parra (Marbella) durante el verano de 2020, con socios ubicados allí para realizar PCR; la compra y gestión de un Mercedes CLK descapotable para Carolina Perles, entonces mujer de Ábalos; y las tensiones entre Koldo y su exmujer por la gestión de gastos relacionados con el ministro. Datos que ponen en primer plano la mezcla de lo privado y lo público.
No faltaron afirmaciones que contraponen versiones: Aldama ha puesto en duda la entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz tal como la describió Carmen Pano, recordando los controles para acceder a la planta noble y cuestionando a quién se entregó realmente el dinero. Y ha relatado encuentros con otras figuras políticas, como el ministro Ángel Víctor Torres, en un reservado del restaurante Jai Alai.
Hay declaraciones que, por su crudeza, reclaman verificación y contraste judicial. El Supremo tiene ante sí testimonios que enlazan a empresarios, asesores y ministros, con apuntes sobre compras, regalos y comunicaciones de alto nivel. Corresponde al tribunal discernir, confrontar y decidir sobre la suficiencia probatoria de cada afirmación.
La ciudadanía observa con atención: cuando los hechos llegan al máximo órgano judicial, la política pierde el manto de lo opinable y entra en la esfera exigente del derecho. Que así sea: las piezas se han puesto sobre la mesa, y ahora los procedimientos deberán completar el retrato con la precisión que demanda el interés público y la dignidad institucional.
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