Aldama desnuda una financiación en efectivo y apunta al núcleo del poder

La comparecencia de Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo ha dejado, con la crudeza de los hechos, un relato que no admite eufemismos: dinero en efectivo que circuló desde constructoras hacia manos que, según su versión, terminaban alimentando al partido. No son insinuaciones; son datos declarados ante el Alto Tribunal.

Aldama identifica a Koldo como el interlocutor que le explicó cómo «ayudarse y obtener un rendimiento para la financiación del partido». Según su testimonio, él entregó dinero en efectivo a Koldo, que se encargaba de hacer las asignaciones para que se formalizaran donaciones con apariencia legal. El comisionista afirma haber entregado en esa etapa 1,8 millones de euros y señala que sería fácil cotejarlo con el aumento de las donaciones en ese periodo.

El empresario no se queda en cifras: detalla la mecánica. Empresas que obtenían licitaciones empezaron a pagarle en efectivo; él llevaba entregas al Ministerio de Transportes y, también, a la casa del señor Ábalos en El Viso. Habla de una “ruleta” de entregas, de una presión continua —Koldo le decía que no podían pasar meses sin dar nada— y de pagos periódicos de 10.000 euros a Ábalos y a Koldo, cantidades que el testigo considera un «fijo» frente a sumas mayores que llegó a trasladar, incluso en una mochila con 250.000 euros.

Aldama ofrece detalles que trazan un vínculo personal y operativo. Cuenta haber pagado gastos íntimos —el tratamiento de fertilidad de la ex pareja de Koldo— y compras menores, como una moto scooter. Y, en el terreno patrimonial, explica la operación del piso de la Castellana: un contrato que, a su juicio, funcionaba como garantía para que Ábalos «tenga la tranquilidad de que va a cobrar», porque el ministro desconfiaba de seguir recibiendo pagos.

Las declaraciones van más allá del flujo de fondos y apuntan a la cúspide: Aldama afirma que, cuando preguntaba si en Moncloa lo sabían, Koldo le respondía que «el presidente todo lo que hacemos lo tiene claro y lo sabe; estaba al tanto de todo». Para ilustrarlo aporta una anécdota en la que Koldo hablaba de llamar al presidente «por su nombre» y dirigirse a él de modo coloquial. Son palabras que el testigo consigna en sede judicial; corresponden a su versión y hoy forman parte del interrogatorio público.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, apenas tuvo que apretar para que aflore la cronología de los hechos: los pagos se producían, sobre todo, con las obras públicas. El acusado lo sintetizó así: antes «estaba haciendo favores o sembrando para ganarme la confianza entre ellos». Es la misma línea que dibuja el resto del relato: favores, pagos en mano, reparto por terceros y la utilización de recursos privados para fines que, según la acusación, se alineaban con la financiación del partido.

No son conjeturas bien hiladas en un despacho; son testimonios registrados en el Supremo y, además, remiten a una pieza secreta de la Audiencia Nacional donde se investiga la financiación irregular del partido. Lo que hoy se escucha en el Tribunal Supremo encuentra eco en otras diligencias que comparten protagonistas.

Corresponde ahora a la Justicia confrontar cada dato, cotejar las entregas, comprobar las cuentas y determinar responsabilidades. Pero lo imprescindible, más allá del trámite procesal, es que las afirmaciones hechas ante el Alto Tribunal exigen respuesta clara y explicación pública: la democracia no puede admitir sombras de caja B ni formas alternativas de financiación que pasen por dinero en efectivo y puertas traseras. El país reclama certeza, no complacencias ni silencios.