Industria clandestina explota el asilo: abogados que enseñan a fingir ser gay

La revelación es tan grave como perturbadora: una industria clandestina de abogados y asesores está mercadeando con el asilo en Reino Unido. Lo que debería ser una vía de protección para quienes verdaderamente huyen del peligro se ha convertido, según la investigación de BBC Mundo, en una operación donde se cobran miles de libras por enseñar a migrantes a fingir ser homosexuales y así quedarse en el país.

No son relatos aislados ni insinuaciones: reporteros encubiertos se hicieron pasar por estudiantes de Pakistán y Bangladesh con visados a punto de expirar y comprobaron hasta qué punto los asesores estaban dispuestos a construir solicitudes falsas. Los costes son concretos: un bufete cobraba hasta 7.000 libras por presentar una solicitud fraudulenta; otro abogado ofrecía ayuda por 1.500 libras y la creación de pruebas por entre 2.000 y 3.000 libras. Dinero que compra historias, cartas de apoyo, fotografías y hasta informes médicos simulados.

La maquinaria de la falsedad incluye tácticas precisas y conscientes: visitas a médicos de cabecera con síntomas fingidos para obtener documentación que refuerce el relato; instrucciones para simular depresión o incluso afirmar una condición grave como forma de anclar una versión que no es real. Hay quienes presumen de años dedicados a este negocio: una asesora afirmó haber pasado más de 17 años ayudando a presentar solicitudes falsas y ofreció, según la investigación, la promesa de fabricar relaciones y encuentros que avalen el supuesto riesgo de regreso a países donde las relaciones homosexuales están criminalizadas.

La dimensión del problema no puede minimizarse: este grupo —personas cuyos visados de estudiante, trabajo o turista han caducado— ya constituye el 35% de todas las solicitudes de asilo, en un contexto en que las peticiones superaron las 100.000 en 2025. No son quienes llegan en pateras o por rutas clandestinas; son, en muchos casos, quienes tuvieron una entrada regular y luego buscaron convertir su estancia en protección internacional mediante relatos fabricados.

La investigación también puso de manifiesto un fenómeno comunitario y de fachada. Un grupo que se presenta como apoyo para solicitantes de asilo homosexuales concentró a más de 175 personas en un evento en Londres, pero asistentes confesaron al reportero encubierto que “la mayoría de la gente aquí no es gay” y que “aquí nadie es gay”. El uso de organizaciones comunitarias y nombres oficiales para promocionar servicios legales añade otra capa de disimulo y de uso indebido del entramado civil.

El Gobierno no ha permanecido callado ante las conclusiones: el Ministerio del Interior declaró que cualquiera descubierto abusando del sistema se enfrentará “al peso de la ley, incluida la expulsión de Reino Unido”. Es una advertencia clara, aunque la existencia de una industria que fabrica relatos plantea dudas sobre la eficacia y el control del propio proceso de asilo.

La corrupción del procedimiento no solo daña la credibilidad pública, sino que resta protección a quienes realmente la necesitan. Cuando el sistema puede ser explotado mediante la fabricación de pruebas y relatos, la respuesta legítima del Estado debe ser doble: proteger a los vulnerables y, al mismo tiempo, afinar los mecanismos de investigación y sanción para quienes lucran con la falsedad. No hay lugar para indulgencias cuando la integridad del asilo está en juego.

La investigación de la BBC arroja luz sobre prácticas que exigen una respuesta inmediata, proporcionada y rigurosa. El imperativo es proteger a las víctimas reales de persecución y, simultáneamente, cerrar la puerta a quienes convierten la compasión en negocio y el derecho en mercancía. Porque defender el asilo es, precisamente, defender la verdad que lo justifica.