Illa afronta la emergencia de la dependencia: medidas, cifras y compromisos

El president de la Generalitat ha convertido una jornada de trabajo del Govern en el escenario para un anuncio que no admite demora: un plan de choque destinado a reducir las listas de espera de la dependencia en Cataluña, la comunidad que concentra más personas acumuladas en estas colas administrativas.

Los números, que hablan por sí mismos, son tozudos y exigentes. Hay alrededor de 128.000 personas esperando completar el proceso de la dependencia, con una media actual de 397 días entre la solicitud y la resolución del Plan Individual de Atención (PIA). El objetivo proclamado es ambicioso y claro: rebajar ese tiempo a 60 días. No son promesas etéreas; el Govern plantea medidas concretas para alcanzarlo.

Entre esas medidas figura la identificación de casi 18.000 personas con "alta probabilidad" de grado III, expedientes que podrán confirmarse de forma semiautomática mediante una llamada o videollamada. Para quienes quedan en espera, se contempla la prestación sustitutoria hasta el inicio de la ayuda solicitada, con prioridad especial para situaciones complejas —incluidas patologías de salud mental— y para menores de seis años. Son decisiones que buscan mitigar urgencias reales mientras se acelera la tramitación.

La presión sobre el sistema no surge de la nada: en la última década la demanda se ha duplicado. Hoy 252.000 usuarios reciben prestaciones y servicios por dependencia; cientos de miles más aguardan. Para enfrentar esa presión inmediata, la inversión inicial anunciada es de 25 millones que se destinarán a la contratación de 200 profesionales y a incrementar en 25.000 las solicitudes a tramitar. Además, el despliegue de la nueva herramienta tecnológica vSocial, dotada de una nueva inteligencia artificial, acompaña la ofensiva administrativa.

No es menor subrayar que tanto el Ejecutivo catalán como el Gobierno central coinciden en un diagnóstico: Cataluña es la comunidad con más personas acumuladas en estas listas. Esa constatación exige respuestas eficaces y medibles, y ese es precisamente el anuncio que Illa ha llevado a su Ejecutivo para su aprobación.

En paralelo a las medidas sociales, el president lanzó una advertencia política. Criticó los pactos alcanzados por PP y Vox en Aragón y Extremadura, por aludir al concepto de "prioridad nacional", y afirmó con rotundidad: "En Cataluña no lo debemos permitir nunca y no lo permitiremos nunca". Fue una declaración de intención que acompasa la agenda social anunciada con una postura política firme.

Queda por ver si el plan, sus 25 millones iniciales, los 200 nuevos profesionales y la incorporación de vSocial con IA bastan para transformar los plazos y la atención. Los objetivos están fijados y las medidas son palpables; ahora toca ejecución, transparencia y seguimiento para que las cifras pasen de titular a realidad sostenible. Lo urgente es claro: reducir días de espera, evitar agravios y garantizar que quienes dependen del sistema reciban la atención que reclaman y merecen.