Estrategia de desmantelamiento: la UDEF bajo presión en los Papeles de Bárcenas

En la sala de la Audiencia Nacional, la declaración de Manuel Morocho no fue una anécdota procesal: fue la radiografía fría de una investigación hostigada desde dentro y desde fuera. El inspector, responsable en la Udef del caso Gürtel, afirmó que existió "una estrategia" para "desmantelar" el grupo que siguió la pista de los papeles de Bárcenas, la pieza que abordaba la presunta contabilidad opaca del Partido Popular.

Los hechos que describió son tozudamente concretos. El grupo investigador contaba con 11 policías en 2013 y, en apenas dos años, sufrió salidas clave: tres agentes ese mismo año, entre ellos un inspector con peso en los informes; en 2014 se marchó un subinspector relevante; y en 2015 se produjeron cinco bajas más. Según Morocho, algunas ofertas laborales mejor remuneradas y "más singularizadas" facilitaron que la unidad no pudiera retener "a nadie". El resultado, dijo, fue la pérdida de capacidad para elaborar determinados informes de la pieza de los papeles de Bárcenas.

Pero la erosión no fue solo numérica: fue también profesional y documental. Morocho denunció la instalación de un clima de "autocensura" entre los autores de los informes. Los propios investigadores, por temor a problemas, "evitaban", "mitigaban" y buscaban "elementos periféricos para explicar cuestiones"; incluso hubo que "hacer cambios, modificaciones, alteraciones" y desagregar "elementos sustanciales" del cuerpo de los informes para recluirlos en anexos.

La consecuencia procesal es evidente en lo que relató el inspector: no se pudieron entregar al juez determinados informes porque "no había capacidad" investigativa para hacerlos, y los documentos presentados ante la autoridad judicial mostraron una metodología de trabajo que "no correspondía" con la que realmente había utilizado el grupo. Morocho admitió que tuvo que buscar una estrategia para que el juez tuviera conocimiento de cuestiones sin exponer la metodología empleada por la unidad.

No faltaron, además, alusiones a presiones concretas. En su primera intervención ante el tribunal, Morocho habló de una "operación policial sin autorización judicial" sobre Luis Bárcenas y afirmó que sufrió presiones para no incluir el nombre del ex presidente Mariano Rajoy en un informe. Son apuntes que, en su conjunto, describen un cuadro en el que la investigación sobre la contabilidad B fue constreñida por decisiones, ofertas y censuras internas que alteraron su curso.

Queda, por tanto, una pregunta incómoda que sus palabras colocan en primer plano: ¿cómo pueden las piezas esenciales de una investigación de Estado sostenerse si la unidad encargada es desarticulada y sus informes domesticados? Morocho no lanza hipótesis; relata hechos. Y esos hechos exigen respuestas claras y públicas sobre la integridad de las pesquisas y la protección de las unidades encargadas de investigar delitos que afectan a la esfera pública.