El precio de no acordar: estabilidad en juego en Cataluña

La escena está dibujada con la nitidez de una advertencia: los Presupuestos catalanes se adivinan hoy en una cuerda floja y, si encallan en el Parlament, la inestabilidad no quedará recluida a Cataluña. El riesgo no es un mero tecnicismo parlamentario; es una fractura que afectaría a las relaciones entre socialistas y Esquerra, tanto en Barcelona como en Madrid, tal y como señala el propio análisis periodístico.

Salvador Illa, que ha hecho de la estabilidad institucional su bandera, y Oriol Junqueras, que custodia capital político relevante, se juegan mucho. No es retórica: son los protagonistas de un pulso en el que convergen compromisos previos de investidura, expectativas incumplidas y reivindicaciones pendientes. El gran nudo de la negociación, según la fuente, es la reclamación de ERC sobre la cesión de la recaudación del IRPF a la Generalitat —una demanda que coloca en alerta al partido— mientras que, del lado socialista, persiste la afirmación de que ese compromiso podrá cumplirse en el futuro, aunque no haya por ahora señales de avance desde el Gobierno central.

La frustración es comprensible en ambos bandos. En las filas socialistas hay perplejidad porque ERC, que contribuyó a la investidura de Illa, ahora pone en riesgo las cuentas del Govern. En Esquerra, la desconfianza por el IRPF se agudiza y pesa la constante presión de Junts, siempre dispuesta a apuntar las debilidades de sus rivales independentistas. Esa dinámica de recelos y reproches alimenta la posibilidad de un bloqueo que, en otras épocas del procés, habría conducido sin dilaciones a elecciones anticipadas. Pero 2026 no es 2017.

La novedad decisiva viene de la calle: la opinión pública reclama acuerdos. Las encuestas oficiales de la Generalitat, citadas por la noticia, muestran que un 52% de la población prioriza la estabilidad aunque implique renuncias, que el 63% de los votantes de ERC y el 58% de los de Junts secundan esa preferencia, y que un 70% apoya dar prioridad a los Presupuestos pese a la falta de mayorías estables —incluidos ocho de cada diez votantes de ERC. Esos porcentajes no son un mero dato técnico; son un mandato social que choca con la lógica de la intransigencia partidista.

Quien mire con cuidado entre las líneas públicas verá que el coste de no acordar es tangible: riesgo de adelanto electoral, erosión de la relación entre socios y, sobre todo, una respuesta ciudadana cansada de bloqueos que ya no admite la incertidumbre de unos Presupuestos antiguos. Crisis recientes —como las del transporte y la sequía— han dejado claro que gobernar con cuentas de 2023 aumenta la vulnerabilidad colectiva.

La política tiene, en estas horas, una elección elemental: optar por la liturgia del reproche y la táctica de desgaste, o asumir la responsabilidad de traducir acuerdos parciales en gobernabilidad real. Que cada parte evalúe su propio cálculo: para los socialistas está en juego la credibilidad de su apuesta por la estabilidad; para Esquerra, la credibilidad de sus reclamaciones. Y para la ciudadanía, la posibilidad de que la administración pública responda con presupuestos acordados y no con la repetición de viejas crisis.

No hay certezas absolutas sobre el resultado de la votación anunciada, pero sí una lección clara que rescata la noticia: cuando la política prioriza el detalle sobre la gobernabilidad, quien acaba pagando el precio es la sociedad. En Cataluña, hoy, ese precio puede medirse en incertidumbre; mañana, si no se corrije la trayectoria, en desgaste democrático.