El PP ante el espejo de Vito Quiles: oportunidad o renuncia

Vito Quiles ha dejado tras de sí una estela de confrontación y dudas que no puede resolverse con eufemismos ni con miradas discretas hacia el costado. En marzo la primera denuncia, de Sarah Santaolalla, fue desestimada por no acreditarse lesión alguna. A finales de abril llegó la segunda: Begoña Gómez denunció que Quiles la había agredido en un restaurante de Las Rozas. No hay imágenes del interior del local; sí existe un vídeo difundido por el propio Quiles.

Ese metraje es, al menos, una pieza más del rompecabezas. En él, según se ha explicado públicamente, ni la denunciante ni el denunciado parecen presentar el aspecto o la actitud de quien acaba de sufrir o causar una agresión, y Quiles lo interpreta, en parte, con sorna. También surge una pregunta legítima: ¿dónde estaban los escoltas de Begoña Gómez? Es una cuestión de seguridad y de respeto público que no admite eludirla con silencios.

El Partido Popular ha entrado de lleno en la discusión. Miguel Tellado y Esther Muñoz han salido en defensa de Quiles, condenando “todo tipo de violencia” pero apuntando, a su vez, que, según los videos, en este caso el agredido sería “el periodista”. Ese argumento no es neutro: coloca al PP en la encrucijada de definir si protege a quien interpela con agresividad o si mantiene estándares sobre cómo se ejerce la crítica pública.

Entonces aparecen otras defensas: la evocación de escraches de la izquierda como antecedente y la reivindicación de la condición de periodista de Quiles. Ambas líneas son comprensibles en clave de tribalismo político, pero no resuelven la cuestión sustantiva. Recordar víctimas de escraches pasados no convierte este episodio en su réplica simétrica; reivindicar un pretendido oficio periodístico no transforma en ética lo que puede ser legítimo pero zafio en formas.

La comparación con formatos televisivos agresivos —señaladamente Caiga Quien Caiga— sale a relucir. La distinción fundamental permanece: el espacio satírico se presentaba como tal, con edición y marco que señalaban su artificio. Quiles, en cambio, emplea herramientas de interpelación directa y provocación sin ese mismo marco explícito. Legalidad y legitimidad no son sinónimos: algo puede ajustarse a la ley y, sin embargo, ser cuestionable desde la perspectiva del periodismo o de la ética cívica.

Aquí está el dilema del PP, expuesto sin ambages: defender a Quiles puede resultar rentable a corto plazo, atrayendo a una derecha radical juvenil; pero ese beneficio estratégico tiene un coste evidente. Validar un modelo de intervención que diluye las reglas que el propio PP invoca cuando habla de instituciones, calidad democrática o degradación del debate público, es una apuesta grave. Si la crítica al supuesto sesgo de medios públicos busca reforzar estándares, ¿por qué rebajar los propios?

El partido debe optar entre la tentación del rédito inmediato y la prudencia que exige coherencia con los principios que proclama. No se trata de pedir summas morales inalcanzables; se trata, simplemente, de decidir si se blinda una práctica que confunde provocación con información o si se privilegia una defensa de las reglas públicas que no dependa del éxito táctico del momento. Esa elección delineará no solo la respuesta al caso Quiles, sino el perfil ético y político que el PP quiere exhibir ante la opinión pública.