El Gobierno entrega la llave de la universidad a las autonomías

El Gobierno ha decidido permitir que las comunidades autónomas asuman la competencia de seleccionar y promocionar al profesorado universitario: por primera vez serán las agencias de calidad regionales, y no la agencia estatal ANECA, las que establezcan los criterios para evaluar a los aspirantes a plazas.

Se trata de una variación de enorme calado. Hasta la Losu de 2023, la ANECA realizó la acreditación nacional que homogeneizaba requisitos en todo el país. Ahora, el nuevo proyecto de real decreto sobre la acreditación del "profesorado permanente laboral" abre la puerta a que las agencias autonómicas apliquen sus propios criterios, como ya ocurre en Cataluña y el País Vasco.

La figura del profesorado permanente laboral, creada por la Losu y destinada a sustituir al contratado doctor, reproduce un modelo cercano al catalán y al vasco: una plantilla en la que, no siendo funcionarios, estos docentes e investigadores ocupan un papel relevante. Fuentes universitarias interpretan que el proyecto supone una "catalanización del modelo nacional", siguiendo la estela de la agencia AQU Catalunya y de la práctica de Unibasq en el País Vasco.

Entre los nuevos criterios que podrán ponderar las agencias autonómicas aparece el llamado "pluralismo lingüístico" y la "relevancia local" de los candidatos, expresiones cuya amplitud se presta a interpretaciones dispares según el territorio. En Cataluña y en el País Vasco ya existen prácticas concretas: por ejemplo, en el País Vasco Unibasq valora que la tesis se haya hecho en euskera o el dominio de la lengua; en Cataluña se empezó a exigir, a partir de 2022, un nivel C1 para promocionar a determinados puestos.

Sindicatos y representantes del profesorado han expresado su alarma. CSIF señala que la iniciativa ejerce de legalización de figuras laborales ya desarrolladas en Cataluña y País Vasco y advierte que "una agencia autonómica podrá poner unos requisitos que no establece otra, como la lengua cooficial", lo que genera desigualdad y falta de equidad. UGT denuncia que una norma de tal impacto no ha sido negociada ni consensuada con los representantes de las personas trabajadoras y que no existe un desarrollo homogéneo de las agencias autonómicas ni mecanismos claros para el reconocimiento recíproco de acreditaciones.

Asimismo, voces universitarias alertan de que el sistema se "atomiza" y puede convertir la universidad en un "reino de taifas autonómico". También advierten del riesgo de que, al depender las agencias autonómicas de los gobiernos regionales, sean estas agencias las que fijen criterios y conformen las comisiones de selección, con el peligro de que se coloquen en ellas personas afines al poder autonómico.

El proyecto es aún susceptible de modificación en el Consejo de Ministros, y el borrador deroga el real decreto de 2002. Mientras tanto, el debate queda abierto sobre si la pluralidad territorial exigida por la Ley de Universidades conducirá a una riqueza de criterios o a una pérdida de equidad y homogeneidad en el acceso y la promoción del profesorado en toda España.