El Consejo de Estado y la regularización: observaciones que buscan perfeccionar la norma

El Consejo de Estado, presidido por Carmen Calvo, ejercerá hoy su función constitucional de consultoría y remitirá al Gobierno un dictamen sobre el decreto de regularización de inmigrantes. No es un gesto de mera rutina: la presidenta ha adelantado que el informe contendrá «observaciones» destinadas a mejorar la norma.

Calvo ha subrayado el papel técnico y no político del Consejo. Ha recordado que, por ley, no puede revelar el contenido concreto de esas observaciones ni entrar en un debate partidista sobre el sentido de las mismas. Es la ley la que traza el límite entre la deliberación jurídica y la controversia política; y el órgano consultivo, según su presidenta, cumple ese mandato con la prudencia que exige su naturaleza.

Según lo anunciado, los dictámenes del Consejo suelen inclinarse hacia la cooperación formal con el Ejecutivo: «suelen ser favorables», ha dicho Calvo, y, en consecuencia, el Gobierno mantiene «el derecho y la legitimidad de sacar adelante sus proyectos». Pero esa cooperación no es complacencia: la misión del Consejo, ha insistido, es proponer mejoras concretas y técnicas que permitan que la norma alcance plenamente sus objetivos.

El real decreto en cuestión contempla la regularización de cerca de medio millón de inmigrantes bajo condiciones claras: haber estado en España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales y acreditar al menos cinco meses de residencia. Esas condiciones son el marco sobre el que el órgano consultivo plantea sus observaciones, con la intención declarada de afinar la literalidad jurídica y la eficacia práctica del texto.

Calvo ha apelado a la normalidad institucional: no es habitual que un proyecto llegue sin que el Consejo manifieste algo que considere mejorable. «Lo raro sería que nos llegara un proyecto y dijéramos: 'No tenemos nada que decir'», ha sentenciado, subrayando que los pronunciamientos llevan «siempre objeciones» orientadas a la mejora.

El dictamen, ha recordado la presidenta, pertenece a la autoridad consultante que lo solicitó; será esa autoridad la que podrá decidir su publicación para conocimiento ciudadano. En definitiva, hoy se envía un informe técnico con observaciones; mañana corresponderá al Gobierno valorar esas propuestas y decidir si las incorpora. Ese es, en esencia, el juego institucional que Calvo ha descrito: prudencia técnica, búsqueda de mejora normativa y respeto al papel del Ejecutivo.