El caos en la caja del PSOE: contradicciones que no se disipan

La Sala Segunda del Tribunal Supremo acoge, con solemnidad y con graves interrogantes, el primer juicio del llamado “caso Koldo”. Lo que debería ser una aclaración contable se está convirtiendo en un torbellino de versiones encontradas que anuncian, por si hacía falta, la sensación de descontrol en la caja del PSOE.

Durante cuatro semanas desfilaron ante el alto tribunal quienes manejaron las cuentas de Ferraz. Sus comparecencias no despejaron dudas: las declaraciones chocan, las cifras se retuercen y la transparencia que se exige a una formación de gobierno queda herida de gravedad. El propio exgerente Koldo García admitió haber recibido “una o dos chistorras” —billetes de 500 o 1.000 euros— mensuales, sin tener cargo formal en el partido. Esa imagen de sobres y metálico contrasta con lo sostenido por el exgerente Moreno, que negó el uso de billetes de 500 y afirmó que el 99,4% de los gastos se pagaban por transferencia.

Las palabras de Koldo no son anécdota: según la información remitida al Supremo, entre 2017 y 2021 percibió liquidaciones por 12.744,73 euros. Y él mismo declaró que el descuadre es mayor: recogió 7.088 euros adicionales que no aparecen en la documentación. No son cifras menores; son síntomas de un sistema contable que no cierra y de una gestión que requiere explicaciones claras y verificables.

La UCO apuntó, en sus diligencias, a apodos para los billetes —“lechugas” y “soles” para 100 y 200 euros— que Koldo desmintió; sin embargo, su testimonio reconoció ingresar en sus cuentas billetes “de todo tipo” entregados para abonar facturas. Celia Rodríguez, secretaria de Ábalos, añadió que “casi todos” los gastos se devolvían en especie, y alertó de un descuadre de metálico mayor al detectado por la Guardia Civil. Datos que no encajan con la versión oficial de pagos casi exclusivos por transferencia.

El taquígrafo del proceso judicial es implacable: las contradicciones persisten, las facturas y los sobres no cuadran y la pieza separada que investiga la posible financiación irregular permanece bajo secreto en la Audiencia Nacional, a cargo del instructor Ismael Moreno. Mientras tanto, una sombra más se proyecta sobre el episodio: en el juicio también emergió la revelación de Víctor de Aldama sobre el intento, meses después de 2018, de buscar aportaciones de constructoras para “financiación del partido” a cambio de adjudicaciones en Transportes. Hechos que piden, exigen, una investigación escrupulosa.

No es momento para eufemismos ni para silogismos complacientes. Cuando en una organización política confluyen documentos que no cuadran, testigos que se contradicen y remesas de efectivo que no quedan registradas, la única respuesta democrática posible es la claridad total: depuración interna, cooperación con la justicia y, por encima de todo, explicación pública. El PSOE afronta hoy algo más que un caso judicial: enfrenta la necesidad urgente de demostrar que su caja no es una caja de sorpresas.