Dimisión ya: la ética pública no admite bulos ni racismo

El clamor no surge de la nada; nace de hechos. El Grupo Municipal Socialista de Torrevieja ha solicitado públicamente la dimisión inmediata de la concejal de Residentes Internacionales tras la difusión de informaciones falsas sobre el proceso de regularización extraordinaria de personas en situación administrativa irregular en España.

No se trata de una disputa retórica entre partidos, sino de la constatación de mensajes concretos: bulos sobre un mecanismo administrativo concreto y publicaciones de carácter racista dirigidas, según han mostrado los socialistas, contra la población china. Esos contenidos fueron expuestos en un vídeo publicado por la portavoz socialista, Bárbara Soler, y en los perfiles oficiales del Partido Socialista de Torrevieja, y han suscitado indignación pública y críticas incluso en medios angloparlantes.

Resulta especialmente grave cuando la responsable de difundir esas afirmaciones ocupa la cartera de Residentes Internacionales, un puesto cuya misión institucional es promover la integración y la atención a la población extranjera. La incoherencia institucional —que una autoridad que debe facilitar la convivencia alimente la desinformación y el rechazo— es un agravio a la propia ciudad que representa.

Entre las declaraciones censuradas figura una comparación del proceso de regularización con catástrofes como la pandemia de la COVID-19 o la DANA. El Grupo Socialista califica esas analogías de "inadmisibles, irresponsables y profundamente ofensivas"; y hay que subrayarlo: no se puede banalizar ni horrorizar sin pruebas un procedimiento que, según recuerdan los socialistas, no es automático ni generalizado.

Los hechos que los socialistas exponen son nítidos y desactivan bulos: la regularización extraordinaria exige requisitos concretos, está dirigida a personas que ya se encontraban en España antes de 2026, precisa acreditación de estancia continuada, exige ausencia de antecedentes penales y no contempla riesgos para el orden público. Lejos de las fantasías difundidas, no concede la nacionalidad, ni otorga derechos políticos como el voto en elecciones generales o autonómicas, ni habilita para presentarse a cargos públicos. Su propósito declarado es ordenar una realidad existente.

Además de corregir la desinformación, los socialistas subrayan efectos prácticos que están documentados en regularizaciones anteriores: combatir la economía sumergida, aumentar cotizaciones e ingresos públicos y reducir marginalidad y exclusión, con la consecuente mejora de la convivencia social. No son hipótesis retóricas, repiten, sino lecciones extraídas de procesos previos.

Torrevieja no es un laboratorio abstracto: es uno de los municipios con mayor porcentaje de población extranjera de España, donde la regularización tendrá un impacto visible en sectores como la hostelería, la construcción o los cuidados. Ese tejido social y laboral se ha forjado sobre la convivencia y la aportación de miles de personas llegadas de diferentes países; la ciudad, sostienen los socialistas, ha crecido gracias a esa diversidad.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista concluye que las declaraciones de la concejal no solo son falsas, sino que generan alarma social injustificada y deterioran la convivencia. Exige dimisión inmediata y lanza un llamamiento a la responsabilidad institucional, al respeto y a la defensa de una ciudad inclusiva donde todas las personas, sea cual sea su origen, puedan convivir en igualdad.

Que gobierne la decencia pública: cuando la autoridad siembra desinformación y xenofobia, la respuesta democrática exige claridad, ejemplaridad y cuentas. Torrevieja merece representantes a la altura de su diversidad y su historia de integración.