Cuando las renovables tropiezan con la rendija de lo sospechoso

La investigación del Caso Forestalia ha dado un vuelco que obliga a mirar más allá de la compañía: la Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) de la Guardia Civil ha ampliado su foco al Gobierno de Aragón por presuntas irregularidades en la tramitación de proyectos de energía renovable.

No es un detalle administrativo menor: el informe apunta específicamente a los permisos ambientales concedidos por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Ahí, en la concesión y en el sello de los expedientes, están las preguntas que ahora reclaman respuesta y que apagan con sombra la presunta buena fe de unos trámites que debían ser transparentes.

La Ucoma resalta la «especial relevancia» de Carlos Ontañón, director de Inaga entre 2004 y 2012, militante del PAR, fichado por Forestalia como ejecutivo en febrero de 2018. Ontañón figura hoy como director de Transición y Medio Ambiente en la empresa vinculada a Fernando Samper. Ese tránsito —de la administración a la compañía cuyas autorizaciones supervisó— es, en el informe, un elemento que adquiere peso procesal y político.

El informe no se queda ahí: también apunta a Jesús Lobera como figura relevante en la administración ambiental de Aragón, vinculado directamente a la gestión de los expedientes bajo sospecha. Son nombres y conexiones que la Guardia Civil ha decidido poner sobre la mesa para que la investigación siga su curso.

Que la investigación amplíe su perímetro al propio Gobierno autonómico no es un hecho trivial. Cuando los circuitos administrativos y los movimientos profesionales se cruzan con proyectos empresariales objeto de investigación, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse por la pulcritud de las decisiones públicas. La Ucoma ha actuado: ahora corresponde al proceso clarificar si hubo irregularidad y a la política, asumir las consecuencias que dictamine la ley.