Cuando la sospecha llega al despacho: Rocha pide licencia y pierde el fuero

La noticia se despliega con la gravedad de una verdad incómoda: Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, anunció que se separa “temporalmente” del cargo para facilitar las pesquisas que lo señalan por presuntos nexos con el cartel de Sinaloa. No es un gesto menor: con esa licencia pierde el fuero que protege a quienes ejercen la gubernatura y queda, en términos jurídicos, a la misma altura que cualquier ciudadano, susceptible incluso de ser detenido.

Las acusaciones que precipitaron la decisión no son producto de elucubraciones locales: provienen del Departamento de Justicia de Estados Unidos y acusan a Rocha y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos de colusión con la organización fundada por Joaquín “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada. En respuesta, la Fiscalía mexicana anunció que investigará esos señalamientos; hasta ahora, no ha dado indicios de medidas coercitivas inmediatas.

El Congreso estatal aprobó la licencia y juramentó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora temporal. La autorización es por “hasta 30 días”: si la ausencia se prolongara, el propio marco constitucional del estado obliga al Legislativo a nombrar un gobernador interino. El mandato de Rocha concluye en 2027, por lo que la hipótesis de elecciones extraordinarias aparece, por ahora, remota.

Rocha, político de 76 años, miembro de Morena y gobernador desde hace cinco años, negó con firmeza las imputaciones. Aseguró que las acusaciones estadounidenses son “falsas y dolosas” y declaró tener la conciencia tranquila; afirmó que no permitirá que se utilice su figura para dañar al movimiento político al que pertenece. Tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la actual presidenta Claudia Sheinbaum han manifestado confianza en él y han relativizado las denuncias.

Los fiscales de Nueva York sostienen que Rocha habría recibido apoyo del cartel para ser electo, con presiones contra adversarios, y que, a cambio, permitió que el grupo operara sin la intervención de autoridades estatales. Estas sospechas no son nuevas: informes de inteligencia mexicana publicados en 2021 por el diario Milenio ya apuntaban a tratos con miembros del cartel. La captura de “El Mayo” Zambada a finales de 2024 y la carta que éste remitió, en la que relata engaños vinculados a una reunión supuestamente relacionada con Rocha, reavivaron las sospechas.

El hecho biográfico de que Rocha haya nacido en Badiraguato —el mismo municipio donde nació “El Chapo”— ha añadido combustible a las dudas públicas, aunque no constituye prueba de nada por sí sola. Jurídicamente, la línea que separa la sospecha de la responsabilidad penal ahora depende de las investigaciones: Rocha declaró que su separación busca precisamente facilitar la actuación de las autoridades mexicanas.

En el plano institucional emerge una pregunta clara y sencilla: ¿permitirán los procesos y la investigación a ambas orillas —la mexicana y la estadounidense— que la verdad se abra paso con celeridad y transparencia, o quedará todo en un pulso político que confunde a la ciudadanía? La licencia de Rocha lo deja sin fuero, sí, pero la certeza sobre su eventual responsabilidad solo llegará de la mano de pruebas y decisiones judiciales, no de consignas ni de filtraciones. Hasta entonces, las instituciones tienen la obligación de actuar con rigor y sin atajos.