Cuando la barbarie se organiza: la masacre que dejó sin ancianos a un barrio de Puerto Príncipe

La historia que trae la BBC Mundo no es una anécdota de una ciudad en riesgo: es la radiografía de un Estado que perdió el monopolio legítimo de la violencia y vio nacer, en su lugar, un régimen de miedo.

El rey Micanor —autoproclamado «último monarca del Caribe», líder de Viv Ansanm y señor de los muelles de Puerto Príncipe— ordenó una caza que terminó con 207 vidas en seis días, tras la muerte de su hijo de seis años, Benson, el 7 de diciembre de 2024. La mayoría de las víctimas tenían más de 60 años. Fueron cortadas a machetazos, quemadas, arrojadas al mar: métodos primitivos y brutales, aplicados con la deliberación de quien busca imponer terror.

No hablemos en abstracto: en casas arrancaron ancianos de sus camas, se llevaron abuelas que pedían silencio —"Que nadie diga nada. Escóndanse todos", contó una testigo—, y devolvieron cuerpos desmembrados. Escenas que no pertenecen a un conflicto impersonal sino a una cacería contra los más débiles.

Viv Ansanm no es una banda de barrio desorganizada. Desde el 29 de febrero de 2024, la confederación ha tomado barrio tras barrio en Puerto Príncipe: quemaron estaciones policiales, radios, escuelas, edificios gubernamentales, cementerios y carreteras. El resultado: cerca del 90% de la capital quedó bajo su control. Una ciudad arrasada por la violencia que se consolida y se normaliza.

La masacre de Wharf Jérémie revela dos realidades incómodas. La primera, que los warlords diseñan estrategias de terror y empujan a las huestes a actos de destrucción deliberada; la segunda, que la violencia corroe a los jóvenes ejecutores hasta deformar su humanidad. Rosie Auguste Ducéna, de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, no duda: les llama "terroristas" y denuncia que atacan a mujeres y niños desarmados antes que al aparato del Estado.

Esa voluntad de aniquilar símbolos comunitarios —los ancianos, custodios de memoria y cuidados— es un mensaje: quien controla la calle reescribe quién merece vivir. Y lo hace con crueldad intencionada: la muerte de un niño fue pretexto para un exterminio selectivo.

El caso haitiano debería sacudir conciencias. No se trata solo de una crisis humanitaria más, sino de la constatación de un vacío de autoridad donde florece la brutalidad organizada. Cuando una confederación de bandas convierte el terror en estrategia, la respuesta exige claridad: denunciar los hechos, proteger a las víctimas y reconstruir el Estado que garantice seguridad y justicia.

Recordarlo no es sensacionalismo: es obligación moral. El relato de la BBC no permite equívocos: la masacre fue real, planificada y devastadora. Países y organizaciones que observan no pueden poner la mirada a medias: frente a una violencia que decapita comunidades enteras, la inacción es complicidad.

Lo sucedido en Wharf Jérémie es una advertencia: cuando el poder legítimo titubea, el vacío lo llena la brutalidad. Reconocerlo es el primer paso para impedir que se repita.