Basta de dejadez: ordenar las campas del aeropuerto es una cuestión de seguridad y orden público

La imagen es difícil de conciliar con la idea de una ciudad que aspira a orden y previsión: al norte del aeropuerto, junto a la N-338, extensas campas de aparcamiento han surgido al margen de la ley y del control administrativo. No es una moda pasajera; son décadas de instalación sin licencia que han acabado por ocupar alrededor de un millón de metros cuadrados de suelo no urbanizable, es decir, unas cien hectáreas.

Esa realidad —proliferación de campas con un simple vallado, un contenedor y sistemas improvisados de cobro— ha generado molestias vecinales, problemas medioambientales y riesgos de orden público. Hablamos de lugares que han sellado suelos, alterado drenajes y obligado a desviar aguas que acaban en fincas de vecinos; hablamos de vehículos dejados en caminos de pedanías y accesos públicos. No es un asunto menor: el aeropuerto de Alicante-Elche ha superado los dos millones de pasajeros y alrededor suyo no puede reinar la anarquía del aparcamiento barato y sin control.

Ante tanto desorden acumulado, el Ayuntamiento ha dado un paso obligado: iniciar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para ordenar estas campas, regularizar las que reúnan requisitos y, provisoriamente, impedir la instalación de nuevas hasta que el trámite se apruebe. Es el mismo camino seguido recientemente con las plantas fotovoltaicas: reconocimiento del problema, tramitación normativa y consulta pública. Un remedio que llega con retraso, pero que era necesario para ofrecer seguridad jurídica a empresas, tranquilidad a los vecinos y protección del paisaje.

Que la administración municipal haya identificado un centenar de campas y haya empezado inspecciones desde finales de 2024 e inicios de 2025 no debe entenderse como indulgencia: es el inicio de una fiscalización que puede traducirse en cierres y sanciones. La Agencia Valenciana de Protección del Territorio tiene competencias para precintar y abrir expedientes sancionadores sobre suelo no urbanizable, y esa facultad deberá emplearse cuando proceda. No se trata de castigar la iniciativa privada, sino de ponerla en reglas: libertad económica con orden, como ha señalado el alcalde.

El debate no puede limitarse a la sanción administrativa. La modificación del PGOU abre un proceso —con consulta pública y validación por la Conselleria de Territorio— para normalizar usos, compatibilizar actividad económica y respeto al entorno. Si la póliza del descontrol era la ausencia de licencias y de Declaraciones de Interés Comunitario, la solución pasa por exigir las garantías técnicas y ambientales que cualquier proyecto en suelo no urbanizable debe cumplir.

Que exista ahora voluntad política para cerrar ciclos de inacción es una buena noticia, pero la ciudadanía exigirá resultados concretos: inspecciones efectivas, actas firmes, cooperación con la Diputación donde hay vías invadidas y, en su caso, la firme aplicación de sanciones. No es una guerra contra el emprendimiento; es la defensa del territorio, la convivencia y la seguridad pública. Y cuando se toca suelo común junto a una infraestructura que mueve millones de viajeros, la dejadez se transforma en riesgo y la impostergable obligación de gobernar con orden y responsabilidad.