Cuando el miedo no exime de responsabilidad: la 'casa de los horrores' de Oviedo exige respuestas

La instrucción de la Fiscalía ha sido clara y sin concesiones: el relato de los padres —un autoconfinamiento por miedo al covid y por temor a su situación irregular— no basta para disfrazar lo que los investigadores califican como privación de derechos y abandono. El Ministerio Público, tras revisar pruebas y circunstancias, mantiene una acusación grave: un delito de violencia psicológica habitual y tres delitos de detención ilegal, con penas que suman 25 años y 4 meses de prisión.

No es un asunto de retórica ni de sentimiento; es un balance de obligaciones incumplidas. Los padres trajeron a sus hijos desde Alemania a Asturias en octubre de 2021 y, según la Fiscalía, solo el padre figuraba empadronado en la vivienda. Madre y menores no constaban en registros públicos, ni en escolaridad ni en la Seguridad Social. Cuando fueron localizados en abril de 2025, los menores llevaban sin atención médica desde 2019 y no estaban escolarizados.

La defensa ha planteado que se trató de un aislamiento voluntario, una decisión familiar nacida de un “miedo insuperable” ante el covid —ambos progenitores habían pasado la enfermedad en dos ocasiones y alegaban covid persistente— y por el temor a regularizar su situación. La Fiscalía rebate y cuantifica las consecuencias: módulos de indemnización multiplicados hasta 30.000 euros por niño —la petición inicial era de 15.000— y medidas accesorias severas, desde la inhabilitación para patria potestad hasta prohibiciones de aproximación y comunicación.

Los hechos descritos por el Ministerio Público hablan de una vivienda en malas condiciones de habitabilidad, con acumulación de basura y suciedad en diversas estancias y mobiliario inadecuado para menores que, según la Fiscalía, dormían en cunas a las que habían roto barrotes y en camas escasas para su edad. Esos extremos no admiten eufemismos: hablamos de privación de necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales que, dice la acusación, vulneraron los deberes elementales de protección.

Las defensas insisten en que el desorden del hogar o la falta de escolarización no son necesariamente delitos, y reclaman la absolución. La Fiscalía, en cambio, ha elevado sus pretensiones penales y civiles: penas que suman años de prisión, prohibiciones prolongadas y una indemnización aumentada hasta los 90.000 euros en total para los tres menores.

Los niños están ahora bajo tutela de los servicios sociales del Principado de Asturias por orden judicial; la comunicación con los progenitores es telefónica y no han vuelto a verles desde la prisión provisional de los padres. Las defensas plantean una “reconciliación familiar progresiva” bajo supervisión, pero el proceso judicial, con la cuarta y última sesión prevista el 19 de marzo, sigue su curso y la Fiscalía ya ha dejado patente su convicción: el miedo no exonera de responsabilidades cuando se trata de la protección de menores.