Cuando el Estado delega la fuerza: migrantes contra migrantes en la frontera griega

Lo que debería ser protección se ha tornado en perversión de la ley. Según la investigación de la BBC, la policía griega ha reclutado a migrantes —a los que llama, en la práctica, “mercenarios”— para expulsar, con violencia, a otros migrantes a través de la frontera con Turquía. No hablamos de rumores: documentos internos, testimonios de víctimas y de exmercenarios, y los hallazgos de organismos independientes señalan un patrón que viene repitiéndose al menos desde 2020.

La frontera del Evros, ese cordón de 200 km que delimita el exterior de la Unión Europea, está fuertemente militarizada. En ese escenario, afirma la BBC, se ha normalizado la utilización de hombres enmascarados —muchos de ellos reclutados en Pakistán, Siria o Afganistán— para interceptar y devolver por la fuerza a quienes buscan asilo. A cambio se ofrecen dinero, teléfonos saqueados y documentos que facilitan movilidad; a cambio se entrega impunidad.

Las acusaciones son abrumadoras y escalofriantes: palizas hasta la inconsciencia, robos, desnudamientos, humillaciones y denuncias de agresiones sexuales. La Oficina de Derechos Fundamentales de Frontex documentó episodios en los que entre 10 y 20 nacionales de terceros países, siguiendo instrucciones de agentes griegos, sometieron a migrantes a amenazas de muerte, registros corporales sexualizados, apuñalamientos y expulsiones forzosas en violación de la legislación de la UE.

No es una anécdota aislada. La Comisión Griega de Derechos Humanos ha registrado más de cien casos sospechosos de devolución forzosa. Testigos y un guardia fronterizo llevados a vista disciplinaria relatan que se comunicó a superiores información sobre violaciones por parte de mercenarios. Pese a ello, el primer ministro declaró a la BBC que desconocía por completo las acusaciones. Las autoridades, según la pieza, no han respondido a solicitudes escritas de explicación.

La práctica señalada por la BBC no solo vulnera el derecho internacional sobre asilo; corroe la legitimidad del propio Estado que la tolera. Transformar a quienes huyen en verdugos de sus semejantes —recompensados con objetos robados y una ruta de paso— es una degradación ética y operativa que pide respuestas inmediatas. ¿Puede una democracia aceptar que la gestión fronteriza derive en instrumentos informales de violencia y en la posible comisión de crímenes contra seres humanos?

La gravedad de las pruebas —imágenes, documentos oficiales, transcripciones filtradas y relatos en primera persona— exige investigación transparente, cuentas claras y sanciones cuando proceda. Exigirlo no es demagogia: es defensa del Estado de derecho, de la dignidad humana y de la seguridad de nuestras fronteras. Callar ante denuncias tan contundentes sería tanto un acto de cobardía como una invitación a la impunidad.

Europa y Grecia deben actuar con firmeza: investigar, depurar responsabilidades y garantizar procedimientos de asilo con respeto absoluto a los derechos humanos. No hay seguridad legítima que nazca de la ilegalidad ni soberanía que se sostenga sobre el abuso. Defender las fronteras no puede convertirse en el pretexto para destruir la humanidad de quienes las cruzan ni para pervertir las instituciones encargadas de protegernos.