Cuando el defensor se proclama víctima: la confesión pública de García Ortiz

La sentencia del Tribunal Supremo no fue el fin del debate: fue el prólogo de una defensa pública que mezcla autopercepción de apuro y acusación contra terceros. Álvaro García Ortiz, condenado por revelar secretos en perjuicio del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sentó frente a Jordi Évole y trazó un relato donde el fiscal que infringió la norma se convierte en paladín de la «verdad» y en víctima de una campaña de «calumnias».

No podemos obviar la literalidad de los hechos: el Supremo le condenó por la difusión de datos que la Fiscalía considera confidenciales. Frente a ello, García Ortiz no ofreció arrepentimiento; ofreció justificación. La nota emitida que informaba de delitos fiscales atribuidos a la pareja de la presidenta, y que atribuía la iniciativa del pacto de conformidad al abogado y no al fiscal, fue defendida por él como respuesta necesaria ante la «calumnia» procedente, según su versión, de la «presidencia de la Comunidad de Madrid» y, por extensión, contra la Fiscalía.

En esa defensa pública aparece otra verdad incontestable: la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, objetó el contenido de la nota por revelar datos confidenciales y puso en evidencia filtraciones —«Has filtrado los correos», le reprochó ella—, un reproche que, según la narración del exfiscal, fue respondido con un escueto «eso ahora no importa». Lastra, después, fue relevada por Teresa Peramato, nombrada por el presidente del Gobierno; la sustitución, en el relato informativo, se lee como consecuencia institucional que no puede desligarse de la controversia.

García Ortiz dio detalles de su angustia: la incautación de su teléfono por la UCO, el borrado de su contenido el día de su imputación —él mismo lo justificó como un derecho individual—, y el registro de su despacho, que calificó de «delirante» y «un shock» si el delito, según él, ya se había consumado con la nota. Son hechos procesales que describen la intensidad de la intervención policial y judicial en un órgano estratégico del Estado.

No dejó de señalar, además, el efecto político: el apoyo público que recibió —especialmente el defendido por el presidente Sánchez—, en palabras del condenado, «ha perjudicado sin duda la imagen de la Fiscalía», porque habría reforzado la percepción ciudadana de su supuesta «dependencia del Gobierno». Reprochó la frase presidencial —«De quién depende la Fiscalía?... Pues, eso»— y la interpretó como un mensaje que «perseguirá a todos los fiscales», aunque evitó agredir directamente a los magistrados del Supremo que le condenaron.

Este episodio reúne, en pocas líneas, una colisión de ámbitos: lo penal, lo institucional y lo político. Un fiscal general condenado por revelar secretos que, en público, justifica su conducta como defensa del interés general; una subordinada que se niega a firmar y que luego es relevada; una política cuya frase y gesto, según el condenado, agravan la percepción de la Fiscalía; y unas diligencias —incautación, registros, borrado de dispositivos— que dan forma procesal al conflicto.

No hay en la narración de García Ortiz evasión de la realidad penal: hubo condena. Tampoco hay, en lo contado a la prensa, renuncia a la autodefensa. Los ciudadanos deben leer ambos hechos en simultáneo: la existencia de una sanción judicial y la insistencia pública del condenado en presentarse como agraviado. Ese choque obliga a preguntarnos, con tono sobrio y exigente, qué versión de la defensa pública y de la independencia institucional queremos aceptar como compatible con el Estado de Derecho.

La democracia exige claridad: los hechos procesales, las decisiones de los órganos y las explicaciones públicas no pueden convertirse en refugio de legitimaciones que obvien responsabilidades. Es responsabilidad de todos —instituciones, partidos y medios— no diluir la frontera entre defensa legítima y justificación de conductas reprochables. El caso García Ortiz es, precisamente, ese espejo abrupto donde se reflejan las tensiones que atraviesan la Fiscalía y la política contemporánea.