Costa del Sol: del escándalo urbanístico a la encrucijada del crecimiento

Hace veinte años la operación Malaya hizo estallar una realidad: la corrupción urbanística de Marbella quedó al descubierto y el ayuntamiento se disolvió, un hecho sin parangón en la democracia. Fue una limpieza forzosa, una catarsis pública que obligó a mirar y a enjuiciar. Pero ese estallido no resolvió todos los dilemas; los reparos se transformaron y emergieron nuevos desafíos.

Lo que pasó en Marbella no fue un simple escándalo aislado: contagió la comarca y forzó la aparición de tramas similares en municipios como Estepona, Manilva o Ronda. Con el paso de los años, aquellas tramas dejaron de ocupar titulares, pero nadie puede afirmar, con datos públicos, que el problema haya sido extirpado por completo. ¿Se ha sustituido la grosera corrupción de entonces por prácticas más sutiles que pasan desapercibidas? Esa pregunta no admite complacencias y está formulada por especialistas de la UMA que siguen investigando con rigor.

El litoral malagueño es hoy un motor económico que sostiene 1,3 millones de habitantes, pero ese dinamismo plantea costes que no siempre se contabilizan: la masificación turística se ha prolongado más allá del verano; el urbanismo devorador ha marcado la historia reciente; y la presión sobre los recursos naturales —evidenciada por una sequía que llevó a restricciones y cortes de agua— revela una fragilidad estructural.

La movilidad es la otra gran herida. La A-7 padece atascos crónicos; la AP-7 de pago no se ve como solución absoluta; el Cercanías llega hasta Fuengirola dejando a Marbella sin ferrocarril; y el proyecto del tren litoral apenas ha avanzado en dos décadas pese a los continuos cambios de gobierno. Esa fragmentación de infraestructuras es, en esencia, la traducción operativa de una ordenación territorial que no acaba de cuajar.

Y luego está la vivienda: a simple vista proliferan grúas y promociones, pero la mayoría de esos pisos responden al turismo, a segundas residencias o a inversión, no a satisfacer las necesidades residenciales locales. El resultado es una paradoja cristalina: muchos edificios y escasez de techo asequible para la población que trabaja y vive aquí.

A ese cuadro se suma una amenaza que ha crecido sin llamar la atención suficiente: el crimen organizado. En municipios próximos como Estepona y Benahavís el número de bandas se ha multiplicado, y esa competencia criminal explica los tiroteos que pueblan ya cada año la agenda policial y social. La policía mantiene su labor, pero los expertos denuncian que solo eso no basta; hacen falta políticas y respuestas integrales más decididas.

¿Hemos aprendido verdaderamente de Malaya? La operación limpió una parte visible del sistema, abrió procesos y sentó precedentes; pero la Costa del Sol ha cambiado de rostro y de centro de gravedad —hacia Málaga— y con ello han surgido retos que exigen voluntad política, coordinación supramunicipal y planificación pública ágil y poderosa frente a intereses privados que buscan rentabilidad a toda prisa.

No se trata de nostalgia por un pasado idealizado, sino de asumir que el éxito económico no puede sustentarse en desequilibrios: ordenación territorial efectiva, protección de recursos, transporte digno, y un mercado de vivienda orientado a las necesidades reales son exigencias no negociables. Si la respuesta pública sigue yendo a remolque —lenta, fragmentada, descoordinada—, la Costa del Sol continuará pagando la factura de un crecimiento que no se sostiene en el tiempo.

Malaya fue una advertencia y una oportunidad. Veinte años después, toca convertir aquella lección en políticas firmes, transparentes y valientes. Porque la prosperidad que se presume no merece derramarse sobre un territorio que reclama, con voz cada vez más alta, orden, equidad y seguridad.