Barbarie en la Panamericana: la paz convertida en soberbia ingenuidad

La imagen es implacable y literal: un cráter en la carretera, autobuses destrozados, cuerpos cubiertos con sábanas sobre el asfalto. Al menos veinte civiles muertos y más de cuarenta y cinco heridos —entre ellos al menos cinco menores— marcan una jornada que no admite eufemismos. Fue en la Vía Panamericana, en jurisdicción de Cajibío, departamento del Cauca, epicentro de una violencia que se repite y se agrava.

No se trata de un choque puntual ni de un accidente trágico: las autoridades atribuyen estos atentados a disidencias de las FARC lideradas por alias "Iván Mordisco". Por la mañana hubo además un ataque con un dron a un radar aéreo; más detonaciones hirieron a indígenas de la zona. El relato oficial es crudo y simple: terrorismo que destruye vidas y servicios, con víctimas civiles como saldo inmediato.

El presidente Gustavo Petro no titubeó en calificar a los responsables: "terroristas, fascistas y narcotraficantes", dijo, y reclamó "la máxima persecución mundial" contra el grupo. Desde el ministerio de Defensa se apeló a la solidaridad con las víctimas y al compromiso de evitar que vuelva a ocurrir. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, habló de una tragedia que desgarra al departamento y exigió al Gobierno respuestas contundentes, sostenidas y eficaces.

Las detonaciones forman parte de una oleada: un alto mando militar señaló que se habían registrado al menos 26 ataques en Cauca y Valle del Cauca en los últimos dos días. A la violencia de la carretera se suma el atentado con carro bomba ocurrido el viernes en una base militar en Cali, que dejó dos heridos. Es, en suma, una escalada que golpea con precisión a las poblaciones civiles y a la infraestructura.

Que esto ocurra a poco más de un mes de las elecciones no es un dato circunstancial: coloca la seguridad en el centro del debate público y electoral. La estrategia presidencial conocida como "paz total", impulsada por el Gobierno, ha buscado negociación con diversas facciones armadas y ha alternado ceses del fuego con episodios de violencia renovada. Los resultados, a la vista, no ofrecen aún la tranquilidad que reclaman los ciudadanos.

En la contienda por la sucesión de Petro aparecen alternativas tan dispares como reveladoras: el candidato del petrismo, Iván Cepeda, ligado a mesas de negociación con grupos armados; y, en contraposición, figuras que piden mano dura, como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. La coyuntura exige claridad: hablar de paz mientras las carreteras se vuelven campos de muerte exige, cuando menos, coherencia entre palabra y estrategia.

Las víctimas reclaman más que discursos. Reclaman seguridad efectiva, presencia del Estado y un plan que no confunda idealismos retóricos con la obligación tangible de proteger a la población. Que el sur de Colombia —el Cauca, el Valle— no siga pagando con vidas el déficit de una respuesta contundente y sostenida es una exigencia moral y política. No hay paz posible sin seguridad; no hay discursos que sustituyan a la acción.