Balas en el Supremo: cuando la UCO pone nombres y cuentas

Hoy se sienta en el Tribunal Supremo quien ha conducido, con método y rigor, las pesquisas que han alumbrado el caso Mascarillas: el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Es la hora de la concreción. Lo que hasta ahora pudo parecer anécdota, rumor o espectáculo mediático —nepotismos, aventureras confidencias, gerentes desconcertados— salta ahora al papel frío de los informes: cinco documentos de la UCO sobre los que se sustenta el proceso que afecta al ex ministro José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

No hablo de insinuaciones; hablo de admisiones y cifras. Aldama se ha declarado culpable de cohecho, organización criminal y uso de información privilegiada. Ha reconocido que, por sus relaciones con Ábalos y Koldo, facturó comisiones por 6.676.046 euros y proyectó pagar a ambos dos millones y medio de euros respectivamente.

La UCO no se quedó en estimaciones: documentó pagos mensuales, contratos y reuniones. Aldama habría abonado a Koldo 10.000 euros al mes «para tenerle engrasado» y lograr contrapartidas dentro de la Administración, y 2.000 euros al mes al guardia civil Rubén Villalba para asegurar operativos. Pagos que, según los informes, se prolongaron incluso después de que Ábalos y su asesor dejaran el Ministerio.

Los agentes reconstruyen asimismo episodios concretos: la venta de mascarillas a Canarias por importe de 10 millones de euros contraria al criterio de los técnicos; el encargo de Aldama a Koldo para gestionar pormenores de la contratación de emergencia; y la reunión del 15 de julio de 2020 en el restaurante Jai Alai con el entonces presidente canario Ángel Víctor Torres, en la que estuvieron presentes los tres acusados, según la UCO.

Hay además una dimensión probatoria que importa: grabaciones y discos duros intervenidos que alimentaron la investigación. Koldo grababa y archivaba buena parte de lo que hacía; Aldama admitió no imaginarlo. Esas señales son las que han convertido sospechas en elementos incorporables al sumario.

De todo ello emerge una tesis clara y tangible: la UCO ha trazado un mapa de conductas donde la influencia y la intermediación se traducen en contratos, comisiones y pagos periódicos. No son metáforas, sino rastro documental que hoy deberá ser valorado en sede judicial.

La comparecencia de Balas no es un acto ritual. Es la estación donde la investigación se enfrenta al escrutinio público y procesal; donde los informes, las grabaciones y las declaraciones piden una respuesta judicial sobre hechos que, hasta ahora, estaban en los pliegues de la sospecha. Que la Justicia hable y que el país escuche: la transparencia exige que los hechos se aclaren y que las responsabilidades se determinen con el rigor que merecen.