Acepta la prueba de ADN el confeso asesino de Francisca: la justicia avanza entre sombras

La noticia no admite florituras: Julián González, el autor confeso de la muerte de Francisca Cadenas, ha aceptado someterse a una toma de saliva para determinar su perfil genético, algo que había negado desde su detención tras el hallazgo de los restos en su vivienda el 11 de marzo.

Es una pieza esencial del rompecabezas. La Unidad Central Operativa (UCO) lo venía reclamando para cotejar el ADN con objetos encontrados en el domicilio donde, según las pesquisas, se produjo la muerte en mayo de 2017. Hasta ahora, la resistencia del detenido había frenado ese avance; ha sido su abogado, José Duarte, quien, según ha confirmado a EL MUNDO, lo ha convencido para colaborar en esta diligencia "fundamental para el periodo de instrucción".

¿Es colaboración o cálculo procesal? El letrado sostiene que el escenario es distinto al de las horas posteriores al descubrimiento de los restos óseos y, por tanto, aconseja cooperar con la justicia. Lo cierto es que, ante la negativa inicial, la UCO solicitó al juez de instrucción de Villafranca de los Barros una orden judicial para que el presunto asesino se sometiera a las pruebas. Ahora esa orden puede quedar sin necesidad de ejecutarse porque la muestra se facilitará voluntariamente.

El foco, sin embargo, no está solo en Julián. Su hermano mayor, Manuel —conocido como 'Lolo'—, también detenido e ingresado en prisión, ya accedió a la prueba de ADN cuando fueron arrestados. Mantiene la coartada de que se encontraba en Mérida visitando a su padre hospitalizado y que, al llegar al domicilio familiar en la misma calle donde vivía la víctima, no participó ni ayudó a ocultar el cadáver. La UCO y el juez, no obstante, no comparten esa versión, según el propio relato informativo.

Los restos encontrados presentaban signos de violencia, lo que motivó la investigación por delitos de asesinato y contra la libertad. Julián confesó tras el hallazgo, alegando que la muerte se produjo por un único golpe durante una discusión, después de que la víctima le sorprendiera consumiendo cocaína; según su versión, Francisca habría entrado en la vivienda para preguntar por la salud del tío de los hermanos. La acusación particular, por su parte, intenta acreditar que existió agresión sexual previa y pedirá prisión permanente revisable en el juicio.

La instrucción sigue su curso: la ronda de declaraciones de testigos en el juzgado de Villafranca de los Barros ha concluido recientemente, con comparecencias que incluyeron al guardia civil que entró la noche de los hechos y a la cuñada de la víctima. Se aguardan informes periciales definitivos —forenses y antropológicos— que determinen las circunstancias exactas de la muerte y la participación de cada hermano.

La familia de Francisca ha pedido además un nuevo examen de los restos óseos en busca de posibles lesiones no detectadas; el juez instructor ha autorizado esa diligencia. Entre decisiones judiciales, confesiones parciales, coartadas contrapuestas y la porfía de los peritos, la investigación sigue desnudando una verdad incómoda: nadie puede predecir aún cómo se cerrará el círculo, pero cada prueba aceptada, cada muestra entregada, empuja a la justicia hacia una respuesta que la sociedad exige con razón.

Que la saliva de un detenido sirva a la verdad procesal es un pequeño triunfo técnico; que esa verdad responda al dolor de una familia y a la exigencia de justicia es la responsabilidad que ahora pesa sobre la instrucción y, en su caso, sobre la acusación pública y particular. No hay atajos: sólo pruebas, informes y la voluntad de esclarecer lo ocurrido en mayo de 2017 en Hornachos.